País de 'irretroactivos'

Si el Tribunal Constitucional hubiera fallado en relación a la sentencia de un condenado a muerte, lo ahorcan nomás, por más que el acusado sea inocente, pues de acuerdo a la interpretación oficial del principio de retroactividad, un fallo de esta naturaleza no puede afectar los asuntos que ya decidieron otras instancias, por más chuecos que puedan estar y por más que exista la posibilidad de corregirlos. ¡Que siga el entierro!, dirían tierra adentro; que sigan nomás ejerciendo las autoridades ilegalmente atornilladas en sus cargos; “hay que meterle por más que sea ilegal”, pues se trata del paradigma más importante del “proceso de cambio”. Esta interpretación ha sido expresada muy claramente por el vicepresidente para oponerse al retorno a sus cargos de las autoridades que fueron derrocadas con una ley contraria a la Constitución Política del Estado. Lo más lamentable es que el Tribunal Constitucional se ha alineado a esa versión y ha dicho, en otras palabras, que su fallo debe ser sometido a votación en las asambleas departamentales y los concejos municipales. De esta manera se confirma que las leyes, las instituciones judiciales y sus dictámenes siguen siendo un soberano saludo a la bandera en este país.