El Gobierno de Evo Morales parece haberles tocado la parte más débil de los cruceños, el Carnaval. Y de pronto, con una ley que declara patrimonio nacional a la “Fiesta Grande” y unos bailecitos al ritmo del Brincao, un régimen persistentemente rechazado en el oriente boliviano pasa a ser “el gran seductor” de Santa Cruz.
No hay que negar que el partido de Gobierno tiene todo el derecho de iniciar su campaña electoral en Santa Cruz, la región más poblada del país, la que lo ha derrotado en varias ocasiones y la que resulta vital para copar políticamente el territorio nacional.
Por otra parte, todos los sectores cruceños, los empresarios, las fraternidades, las logias, las comparsas y los dirigentes cívicos, también tienen el pleno derecho dejarse seducir por el oficialismo. No sería la primera vez y una alianza de esta naturaleza tampoco resultaría inédita. Solo hay que remontarse a los años 50, cuando la región más hostil con el MNR (y viceversa) terminó siendo la mejor aliada.
El asunto central está en los términos de la alianza que están consolidando los distintos sectores cruceños con el Gobierno, la misma que se produce después de siete años de duras jineteadas que al fin parecen haber domado los bríos del corcel autonomista.
Está claro que Santa Cruz es capaz de ofrecer un inmenso apoyo político al MAS, el mayor caudal de votos del país, un mar de estabilidad, imposible conseguir en otras partes del país y por sobre todas las cosas, una disciplinada institucionalidad sometida a un pronunciado centralismo ideológico que ejercen los grupos de poder cruceños, de donde emanan todas las consignas regionales. Si mañana esos círculos deciden volverse azules, la decisión será acatada sin reticencias. Así se simplona es nuestra lógica política y por eso es que resulta tan fácil derrotar sus causas.
De la parte del MAS han comenzado a surgir algunas señales alentadoras y que pueden ser verdaderamente seductoras. No estamos hablando por supuesto del show de las comparsas sino de acciones concretas como el traslado del juicio por el caso Terrorismo a Santa Cruz. De mantenerse esta medida y sobre todo, si el oficialismo realmente busca la manera que se haga justicia, no cabe duda de que estaremos frente a una actitud de sinceramiento. Eso implicaría abandonar toda la política de persecución que ha mantenido el oficialismo contra la dirigencia cruceña. La detención domiciliaria de Leopoldo Fernández, la declaratoria de inconstitucionalidad de la suspensión de autoridades electas y la liberación de algunos detenidos por el caso Rózsa son alentadores, pero no suficientes. El Gobierno debe demostrar que más allá de la seducción, está dispuesto a tolerar la disidencia y el pluralismo político.
En el plano económico tampoco no son suficientes el levantamiento temporal de las prohibiciones y las innumerables restricciones a la producción. Es necesario que el régimen ofrezca todas las garantías, la seguridad jurídica y el apoyo a la producción, con libertad económica y soporte a la inversión privada. A no ser que los empresarios cruceños estén seducidos por el socialismo y el estatismo que impulsa el MAS y estén dispuestos a sumarse a él.
Por último, el centralismo versus autonomía. ¿Quién se impone? ¿Han abandonado los líderes cruceños el ideal de la autonomía y están dispuestos a seguir tolerando los abusos del centralismo? ¿Forma parte de la seducción del Gobierno soltar las amarras autonómicas y permitir que las regiones se fortalezcan? Sin todas estas condiciones, la seducción del MAS no sería más que una farsa proselitista.
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