El futuro del "Caso Terrorismo"

Si aplicáramos la misma lógica que ha estado usando el régimen gobernante, debemos concluir que la renuncia y la misteriosa desaparición del fiscal Marcelo Soza es una confirmación de que son ciertas todas las denuncias que se han hecho en su contra y que prueban con lujo de detalles que el “Caso Terrorismo” no es más que un minucioso montaje que compromete las más altas esferas gubernamentales.

El fiscal Soza ha “abandonado el barco”, luego de cuatro años de haber llevado adelante una insólita investigación en la que han sucedido hechos inadmisibles en la administración de justicia.

Soza es sospechoso de haber fabricado pruebas y luego haberlas destruido para no dejar evidencias de la patraña montada; ha ordenado detenciones ilegales en las que se han dado casos de tortura; ha ignorado cientos de documentos contundentes que hace mucho hubieran servido para cerrar este caso o convertirlo más bien en la investigación de un flagrante hecho de terrorismo de Estado, que como dice el propio Soza en el audio recientemente presentado por una senadora, es sumamente delicado para los que detentan el máximo nivel del poder en este país.

El ahora exfiscal Soza ha sido el puntal de una oprobiosa estrategia de persecución contra personas a las que no se les ha podido probar ni un solo delito y que se mantienen encerradas y/o perseguidas, simplemente porque la justicia está totalmente supeditada a las decisiones políticas. La vigencia de Soza en el Ministerio Público y la ejecución de todas sus arbitrariedades ante la opinión pública, no han hecho más que acentuar el descrédito de las instituciones del Estado, pringadas por la extorsión y la corrupción.

El Gobierno parece ver las cosas de manera muy simplista y, como si nada pasara, pretende reemplazar a Marcelo Soza en el caso terrorismo para seguir con la farsa que dentro de unos días cumplirá años, justamente el día en el que fueron ejecutados tres ciudadanos europeos en el hotel Las Américas.

El Fiscal General del Estado ha rechazado la renuncia de Soza, porque seguramente siente el peso que significa para la institución continuar con un caso que en realidad ha estado en manos del Ministerio de Gobierno y toda una red de abogados extorsionadores que tenían licencia para emplear cualquier tipo de método o estrategia, por más espuria que pueda ser.

Es obvio que además, el titular nacional del Ministerio Público debe ordenar una inmediata investigación de todas las acciones y procedimientos empleados por Soza en estos cuatro años, no solo para el esclarecimiento total, algo que la opinión pública ya tiene perfectamente establecido, sino para recuperar en parte la credibilidad institucional que le quita toda autoridad a la justicia de este país.

Varias instituciones, entre ellas el Colegio Nacional de Abogados, se han pronunciado en demanda de que el caso terrorismo sea extinguido, por falta de pruebas, algo que hace mucho quedó en evidencias y porque constituye el mayor escándalo relacionado con el manejo de la justicia y mientras más dure esta comedia, las consecuencias serán nefastas para todo el tejido legal que sostiene al Estado y que ha ido resquebrajándose con toda esta clase de oscuros episodios.