La autonomía sigue en retroceso

Santa Cruz acaba de entregarle 100 millones de bolivianos a la Policía Nacional, supuestamente para mejorar los índices de seguridad ciudadana en el departamento, aquejado por el aumento de la criminalidad, problema que lleva más de dos décadas sin resolverse.

La medida ha sido duramente criticada por uno de los principales ideólogos del modelo autonómico en el país, Juan Carlos Urenda, quien afirmó que la Gobernación cruceña hace un jugoso aporte a una “Policía absolutamente centralizada. Seguimos consolidando el centralismo. Está bien que contribuyamos a la lucha contra la delincuencia, pero pidamos alguna competencia a cambio por lo menos”, fue el comentario realizado por el jurista.

El aporte de la Gobernación se vuelve mucho más polémico todavía cuando se analiza el verdadero rol que cumple la Policía Boliviana en Santa Cruz, una de las regiones más inseguras del país, en parte, porque el resguardo de la ciudadanía no es la prioridad policial, sino el sostenimiento de la seguridad del régimen político y la agresiva labor recaudadora de una cuantiosa cantidad de recursos que no retornan en servicios adecuados para la población.

Cuando Urenda habla de exigir competencias, no está refiriéndose a una apreciación subjetiva, sino a un derecho que tienen todos los departamentos del país a demandar el cumplimiento de las competencias establecidas por la Constitución Política del Estado, reglamentadas a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Y precisamente la seguridad ciudadana es una de las competencias que debe asumir la Gobernación, lo que obviamente no se resume a entregar dinero a una institución que –insistimos-, no tiene como finalidad principal la seguridad de los habitantes y que bien puede invertir ese dinero en uno de los tantos eventos de control político que ha ejecutado el Gobierno, como por ejemplo el caso Rózsa, que paradójicamente fue perpetrado para destruir el movimiento autonómico en el país.

Muy poco se ha comentado en Santa Cruz la reciente sentencia del Tribunal Constitución Plurinacional en relación a la Ley Marco de Autonomías. Apenas se mencionó lo relacionado a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 vinculados a la suspensión de autoridades elegidas por el voto popular. Sin embargo, la resolución ha sido muy amplia al exigirle al Gobierno central respeto por el modelo autonómico que ha sido asumido en la Carta Magna, al igual que ha delimitado expresamente las competencias que les corresponden a las gobernaciones y otros entes autónomos, entre las que se encuentra la seguridad ciudadana.

Dicha sentencia establece una jurisprudencia muy clara respecto de la manera cómo se deben redactar y aprobar las nuevas leyes, respetando en cada caso la autonomía que se ha asumido en la Constitución y que ha sido reiteradamente violada desde que se puso en vigencia la nueva ley de leyes en el año 2009.

Desde el Gobierno central existe un interés constante por avasallar la autonomía de los gobiernos locales y, lamentablemente, tanto en las gobernaciones como en los municipios no se quiere asumir plenamente la responsabilidad de construir el nuevo modelo autonómico. No se legisla, no se pelea por aplicar la autonomía, no se la ejerce y encima, algunos alimentan aún más el centralismo con recursos.