Hace un par de meses, el Estado Plurinacional aprobó una ley que castiga el avasallamiento de minas bajo administración privada o estatal. Mientras se redactaba esta norma y corría el proceso de aprobación, los miembros de la cooperativa Cerro Negro aceleraban el papeleo para que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) les haga entrega oficial del yacimiento que ellos habían invadido ilegalmente hace dos años. Según algunas versiones periodísticas, cada uno de los 500 avasalladores aportó con 600 dólares para apurar las diligencias, que rindieron sus frutos esta semana, con la concesión definitiva del predio valuado en seis mil millones de dólares.
Esta es una noticia que vuela por todos los circuitos de inversionistas del mundo y lógicamente nadie se atreverá a arriesgar su dinero sabiendo que hay un Gobierno que somete todas sus decisiones, las leyes del país e incluso la economía nacional a un sistema perverso de apoyo electoral que compromete el futuro del país. De hecho, en el ámbito de la minería mundial y pese a la inmensa vocación del país, Bolivia ocupa los últimos lugares en cuanto a captación de inversiones y la situación continúa empeorando.
Es obvio que el Gobierno procede de esa manera en su desesperación por asegurar votación para las elecciones del 2014. En el acto de entrega de la mina Himalaya, los dirigentes cooperativistas agradecieron el gesto gubernamental y comprometieron su apoyo al “proceso de cambio”. Uno de ellos literalmente dijo: “vamos a arrasar el 2014”, haciendo alusión al compromiso electoral establecido tácitamente en esta transacción.
Para el país en general, el costo de este negocio político entre el Gobierno y los cooperativistas es demasiado grande. Pese a que el ministro de Minería dijo que la decisión tiene un alto contenido social, en realidad nadie gana con la medida asumida.
Desde el momento en que el Estado decide consolidar el sistema de trabajo de los cooperativistas mineros, está apoyando condiciones inhumanas de explotación del mineral. Cómo se puede entender que un régimen popular de vía libre a modos de producción propios del esclavismo, por más que éstos sean asumidos voluntariamente.
Por su misma naturaleza rudimentaria, los cooperativistas son cuatro veces menos productivos que los mineros asalariados de establecimientos industriales, medianos y grandes que laboran con niveles de tecnología y seguridad superiores. Para el Estado, la pérdida es casi absoluta, pues el ingreso impositivo y las regalías que aportan las cooperativas son insignificantes.
El país pierde inversiones, deteriora su estructura productiva, consolida la precariedad de la mina boliviana y deja escapar cuantiosos recursos patrimoniales no renovables. ¿Quién gana con esta ecuación tan siniestra? Pues el Gobierno, mejor dicho el grupo que controla el Gobierno, pero solo momentáneamente, porque la forma de proceder en la mina Himalaya es el camino más seguro a la autodestrucción.
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