¿Más plata para la Policía?

El ministro de Gobierno Carlos Romero ha lanzado una nueva voz de alarma en el país. Hace unos días dijo que Bolivia tiene la mayor tasa de alcoholismo de América Latina, dato que se prestó a la polémica y a las aclaraciones, cuando la Organización Mundial de la Salud puso en duda la palabra del dignatario. Esta vez, en el marco de la Cumbre de Seguridad Ciudadana clausurada en viernes en Sucre, ha afirmado que Bolivia tiene una tasa de homicidios que pone al país en el primer lugar en el Cono Sur.

Según el ministro, en Bolivia se producen 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la presentada por el Banco Mundial en el 2010 (9 por 100 mil). Esta tasa es tres veces menor al índice promedio de América Latina (27 homicidios por cada 100 habitantes), pero duplica las cifras de países como Chile, Uruguay y Argentina.

Hay algunas informaciones que no cuadran en este esquema, pues mientras que a Bolivia se lo acaba de poner en un contexto sumamente peligroso, otros datos sugieren no dejarse llevar por el alarmismo. Por ejemplo, en nuestro país la tasa de robos es de 128 por cada 100 mil habitantes y en Chile esta cifra es de 542 y en Costa Rica 943, por citar dos lugares donde la gente supuestamente vive más tranquila que los bolivianos.

El hecho es que el ministro Romero ha dicho que el 80 por ciento de los bolivianos se siente inseguro con la criminalidad; ha admitido –para sorpresa de muchos-, que la criminalidad ha aumentado y paso seguido ha defendido la puesta en marcha de una nueva política de seguridad ciudadana que contempla la inversión de 500 millones de bolivianos en los próximos seis meses, dinero que en gran parte debe provenir de los municipios y las gobernaciones, instancias a las que se les ha vetado la posibilidad de tomar parte en las políticas de seguridad, contradiciendo las normas y postulados autonómicos de la Constitución.

El Gobierno asegura que con la inversión millonaria que está prevista para la compra de equipamiento, armas, cámaras de seguridad y aumento del personal policial, va a mejorar sustancialmente la lucha contra el crimen, aseveración que puede someterse a muchas dudas. De hecho, en los últimos años, tanto el Ejército como la Policía Nacional han recibido presupuestos históricos; sin embargo, y tal como lo refleja el propio ministro de Gobierno, la delincuencia se ha incrementado. No cabe duda que la Policía boliviana sigue teniendo grandes necesidades y resulta imprescindible reforzarla. Pero a esto se le tiene que sumar una política más integral relacionada con la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen y el combate al narcotráfico, asignaturas que también han sido descuidadas por el régimen gobernante.

De qué sirve tanta inversión, si la institución del orden sufre de un centralismo paralizante y una politización que no la deja cumplir su misión. Lo más probable es que mientras más recursos se asigne a la labor represiva, se reforzará la concentración, se incrementará la corrupción y también la sujeción policial al poder político que la usa como mecanismo de represión y no precisamente de los delincuentes.

Sin una limpieza institucional, sin una reforma que garantice una mayor y mejor relación de la Policía con el ciudadano y sin el debido respeto a las normas y a la institucionalidad, es prácticamente imposible lograr cambios de fondo y lo más probable es que esos 500 millones de bolivianos sirvan apenas para fortalecer políticamente al Gobierno.