¿Donde está la oposición?

El oficialismo acaba de aprobar una de las leyes más controversiales y lo hizo en tiempo récord, como es su costumbre, sin haber dado tiempo ni siquiera a una voz de advertencia de la oposición, cuya presencia en la Asamblea Legislativa parece haber quedado reducida a la nada, al silencio, al vacío o tal vez a una actitud que cada vez se parece más a un acto de connivencia o cuando menos funcionalidad. 

Nos referimos a la Ley de Empresas Públicas, que en términos muy simples pero muy claros y contundentes, estimula, reglamenta e institucionaliza la discrecionalidad en el manejo de las entidades estatales, pese a que este ha sido justamente el punto más débil de la administración masista, que no consigue ahuyentar los fantasmas de la corrupción, la ineficiencia, la politización, los supernumerarios y tantas otras flaquezas que en el pasado provocaron la quiebra, obligando al cierre y/o el traspaso a manos privadas. 

La nueva ley le otorga un fuero especial a las empresas estatales, quedando libres de las normas y procedimientos anticorrupción, al margen de la Ley Safco y por supuesto, con la libertad de hacer compras y contrataciones sin licitación y sin mayor control que “sentido político” de los dirigentes a cargo. Es más, cualquier irregularidad, como la que se produjo con el escándalo de YPFB, los tiros, el muerto y el presidente de la petrolera tras las rejas, deberá permanecer en secreto  según lo dicta la ley, que establece nuevas cláusulas de confidencialidad cuya violación puede mandar a la cárcel al denunciante. 

¿Cómo es que ningún opositor hizo escándalo en los medios de comunicación para denunciar semejante atentado a la política, a la cosa pública y al corazón mismo de la democracia, sinónimo de respeto a las leyes y transparencia? ¿No se enteraron? ¿O es que callaron por una cuestión estratégica, pues el poder empresarial, muy emparentado a ciertos grupos opositores se constituiría en uno de los beneficiarios de esta suerte de libre albedrío administrativo? 

Algunas encuestas son adversas hacia el Gobierno, pero no son menos lapidarias con la oposición a la que le reprochan esta dejación de fiscalización, una responsabilidad que deben ejercer por ley y por mandato de la ciudadanía que les confió el voto. Es verdad que son tiempos difíciles, pero también lo son para esos pocos que siguen denunciando persecución política; para el reducido espacio de prensa libre que queda en el país; para la Iglesia que sigue pregonando desde sus púlpitos y para algunas organizaciones no gubernamentales que han pasado a ser los nuevos enemigos del régimen. Lo es ahora y mucho más en tiempos de dictadura, cuando hubo que arriesgar el pellejo para exigir libertad. 

Una encuesta realizada recientemente en las cuatro ciudades más pobladas del país indica que casi el 60 por ciento de la ciudadanía rechaza el trabajo de la oposición, un dato que se entiende muy bien en este contexto del que hablábamos al principio, con un oficialismo jugando como actor único en el terreno político. Esta cifra resulta altamente contradictoria con la elocuencia y la impetuosidad que tratan de mostrar algunos opositores lanzados ya al terreno electoral. Seguramente tendrán que hacer muchos cambios de actitud antes de que se ganen la credibilidad de los bolivianos.