Huir de Bolivia

El norteamericano Jacob Ostreicher llegó a Bolivia el 2008, convencido de las palabras que suelen expresar algunos agentes gubernamentales en el exterior que prometen seguridad jurídica  para las inversiones extranjeras. Trajo consigo más de 30 millones de dólares para invertir en el agro y así lo hizo, llegando a consolidarse como uno de los principales productores de arroz y de otros cultivos.

En el 2011 fue arrestado por iniciativa de fiscales y policías que trabajaban para un grupo de abogados que hacían las veces de asesores del Ministerio de Gobierno, varios de los cuales están presos, acusados de haber montado toda una industria de la extorsión que se originó en la persecución política pero que se convirtió luego en una fuente de ingresos para esos individuos, uno de ellos nada menos que el fiscal del distrito de Santa Cruz (detenido) y el expresidente del máximo tribunal de justicia cruceña (prófugo).

Para esa organización de la que brindó amplios detalles el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien además llegó a ufanarse de su desarticulación, fabricar pruebas era algo cotidiano y a Ostreicher le achacaron narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas por lo que lo mandaron a Palmasola, donde estuvo a punto de morir debido a las malas condiciones de salud en las que se encontraba. Durante más de un año, funcionarios del departamento de Estado de Estados Unidos, de la Embajada norteamericana, del Congreso y de varias instancias oficiales hicieron reclamos al Gobierno y pusieron al tanto de todo incluso al presidente Morales y a sus ministros.

No fue hasta que visitó el país el actor Sean Penn en octubre del 2012, que este caso salió a la luz con ribetes escandalosos y todos en el Gobierno pusieron cara de desentendidos pese a que conocían muy bien los antecedentes. Parecía que todo ese “cáncer” (así lo definió Sean Penn, amigo personal de Hugo Chávez y admirador del populismo sudamericano) sería extirpado, pero muy pronto se dieron cuenta que quienes extorsionaron al norteamericano eran del mismo grupo que manejaba el caso Rózsa y, peor aún, en el expediente saltó como por arte de magia al apellido de un famoso narcotraficante brasileño a quien ligaron con un hombre fuerte del régimen.

En otras palabras, aclarar el caso Ostreicher hubiera significado hurgar en otros hechos muy delicados para el Gobierno, establecer conexiones muy peligrosas y tocar la imagen de los verdaderos intocables en el país. De esa forma fue que los agentes que tienen a su cargo todo el aparato de control y extorsión en Bolivia, volvieron sobre sus pasos y reanudaron la farsa que habían montado en contra de Ostreicher, utilizando la sospecha,  la intriga y la acusación simplista como arma, esgrimidas incluso desde el Palacio de Gobierno.

Justo hoy, 18 de diciembre, Ostreicher ha cumplido un año de su liberación de Palmasola y del arresto domiciliario que le aplicó un juez. El acusado ha acudido a casi medio centenar de audiencias en el Palacio de Justicia, ha gastado una fortuna en defenderse, tratar de probar su inocencia y conseguir recuperar sus bienes. Tuvo la oportunidad de huir de Bolivia desde el 2011 y no lo hizo, pese a que viajó a su país en varias ocasiones en busca de evidencias. Ahora el Gobierno dice que su escape es una admisión de culpabilidad. Ostreicher está en Nueva York y seguramente está en mejores condiciones para demostrar quién tiene la razón.