La principal virtud del más reciente informe de la ONU sobre el monitoreo de las plantaciones de coca en Bolivia es la demostración de que la Ley 1008 sigue teniendo razón al declarar 12 de mil hectáreas como tope máximo de la legalidad ya que del total que se contabilizado en el 2013, es decir, 23 mil hectáreas, la mitad se va al narcotráfico. Lo reconoce el propio gobierno: segunda virtud.
También se ha demostrado que las autoridades estaban equivocadas cuando decían que Bolivia no necesitaba de la ayuda internacional para combatir el narcotráfico y para demostrarlo decían que, sin ayuda de la DEA se incautaba más droga, cuando todos sospechaban que eso era producto más bien de un rebalse. La ONU no solo ha felicitado a las autoridades por la reducción de los cocales, sino que también ha ponderado la caída de hasta un 62 por ciento en el decomiso de droga gracias a que en los últimos años comenzó a cobrar fuerza un resistido acuerdo con Brasil e indirectamente con Estados Unidos, hecho que ha permitido reducir el potencial de producción de cocaína.
Los datos han demostrado que fracasaron los métodos que trató de impulsar el gobierno a través del control social y los acuerdos con los cocaleros y que la mejor manera de conseguir buenos resultados es por medio de una guerra abierta y decidida contra las mafias. De forma global se manifiesta también que esta batalla no está perdida como trataban de demostrarlo hace unos años.
El otro aspecto que se necesita destacar es que a mayor producción de coca hay mayor cocaína, lo que consolida la necesidad de mantener a la “hoja sagrada” como una sustancia controlada, tal como lo establecen los acuerdos internacionales y como lo fija nuestra propia legislación. Eso derrumba por completo los intentos de nuestra diplomacia por establecer una nueva dimensión a la coca y debe inhibir los esfuerzos del gobierno nacional por elevar el tope legal de 12 mil a 20 hectáreas.
De manera muy especial, el informe de la ONU ha puesto en evidencia el papel que cumplen el Chapare y sus alrededores como coadyuvantes de la industria del narcotráfico, pues se ha señalado que casi toda la coca de esta región va a parar a los circuitos ilegales, pues una mínima fracción (7 por ciento) de la producción de la zona pasa por el mercado legal de Sacaba en Cochabamba.
¿Se debe celebrar una reducción del 9 por ciento en los cultivos de coca ilegales? Claro que sí, pero no conviene exagerar, pues esta actividad ha tenido altibajos muy notorios en las últimas décadas y los logros siempre han sido volátiles. Estamos en una etapa electoral muy reñida en la que se corre el riesgo de un laxamiento de los controles, lo que puede llevar a tirar todos los logros por la borda.
Un párrafo aparte merece el dato que indica que Santa Cruz concentra la mayor porción del mercado de la coca en el país (38 por ciento), lo que evidencia no solo por el incremento del consumo tradicional sino también por el elevado crecimiento que ha tenido el narcotráfico en la región. Eso es fácil de comprobar por el elevado índice de criminalidad y violencia, por el florecimiento de nuevos circuitos de negocios ilegales, por los secuestros y por los intentos de ciertos sectores de crear zonas de exclusión en el departamento.
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