Luego de ensayar varias estrategias, como la reducción del subsidio a la gasolina y el aumento de algunos impuestos; luego de rogar a la OPEP que autorice una disminución de la producción de petróleo para frenar la caída, el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien seguramente le habrá implorado a “Hugo dios” que haga algo para que suba el precio crudo, ha tomado la decisión más difícil para un populista, cuya popularidad se basa justamente en el derroche de dinero. El mandatario acaba de anunciar un recorte del gasto público y, según expresa, se eliminarán solo los asuntos superfluos y se mantendrán los programas sociales, los bonos y otras formas de alimentar la política clientelar que practica, no solo dentro del país, sino también con sus aliados como Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros.
El problema es que los populistas no saben ahorrar, no pueden hacerlo, porque si lo hicieran se volverían racionales, tendrían que decir la verdad, hacerle conocer la realidad a la gente y cuando la población vive de la fantasía y de las burbujas, llega a odiar la verdad y sobre todo a quienes la proclaman.
Es poco probable que Maduro cumpla la promesa de hacer recortes y prueba de ello es que hace poco, cuando tuvo que ir a Nueva York con su abultada comitiva, se gastó nada menos dos millones y medio de dólares en dos días, en hoteles, banquetes y también en el pago de una separata que se publicó en el diario The New York Times, idea que fue copiada en estas latitudes.
El problema para Venezuela es muy grave, pues la economía de aquel país depende en un 95 por ciento del petróleo. En Bolivia, la dependencia del gas y los minerales, que también están en picada, es de alrededor del 80 por ciento y si bien la diferencia no es grande, la reacción ha sido radicalmente distinta a la asumida por Maduro. Desde hace mucho se está diciendo nuestro país está blindado y que no se sufrirán consecuencias, discurso que ha sufrido algunas modificaciones, luego de que el precio del petróleo alcanzara su nivel más bajo en los últimos cinco años. Recientemente, el presidente de YPFB, Carlos Villegas reconoció que sí habrá algún impacto en Bolivia, pero que no será tan drástico.
En la Gobernación de Santa Cruz piensan distinto y para no caer en contradicciones, ya ordenaron el recorte del 10 por ciento del presupuesto para el 2015, pues consideran que habrá una notoria reducción en los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), elemento que ha sido vital para la bonanza que han experimentado los municipios, los gobiernos departamentales y las universidades públicas.
Los expertos que no están de acuerdo ni con los malos augurios ni con las fantasías, afirman que es necesario tomar previsiones pues el modelo económico boliviano es altamente dependiente de las materias primas, cuyos precios han estado cayendo de manera sistemática en los últimos años. Todos los programas, las obras, los bonos, los gastos corrientes y el incremento de personal del gobierno que se han ido a las nubes, lo esencial y lo superfluo que ha sido aumentado sustancialmente en la última década, dependen fundamentalmente de los altos precios y si estos bajan, lógicamente habrá consecuencias. Habría que imitar nomás lo que haga o lo que dice que hará Nicolás Maduro.
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