No es broma, en los años 50, en el fragor de las luchas cívicas por las regalías petroleras, uno de los líderes del MNR ofreció pasaportes gratis a los que defendían los derechos de la región y más tarde envió milicias armadas a reprimir y hacer de las suyas en la región. No era la única vez que se ejecutaba un ataque similar, como ocurrió con el cerco a Santa Cruz del 2008 y como ha sucedido con el plan de persecución que ha metido a la cárcel y ha mandado al exilio a cientos de líderes autonomistas.
Ahora, en plena era de la información y la revolución tecnológica, el régimen gobernante ha ejecutado lo que el gobernador Costas ha denominado un “genocidio estadístico” mediante el que ha dado cuenta de casi 400 mil habitantes, es decir, la diferencia entre los datos del Censo del 2012 y las proyecciones que había hecho el INE para esta fecha en Santa Cruz.
Desde otro punto de vista, en Santa Cruz existe un faltante de 121 mil personas que se perdieron desde que el Gobierno lanzó los primeros datos hace seis meses y la reciente divulgación “oficial” de los datos que ha arrojado una diferencia de más de 362 mil habitantes a nivel nacional.
Estos vergonzosos resultados del Censo confirman una vez más que en Bolivia está muy lejos de alcanzar la credibilidad como Estado encaminado a resolver los problemas de la gente y trabajar por el bien común. En el mejor de los casos, se estaría tratando de un error de procedimiento y chapucería en el manejo del Censo, algo que resulta inadmisible toda vez que se han invertido más de 50 millones de dólares en este proceso. Pero lo lamentable es que la población, no solo de Santa Cruz y de otras regiones afectadas por este desatino, están sospechando de un acto de manipulación destinado a desfavorecer a los departamentos opositores, especialmente a los del oriente del país.
Esta posibilidad no se puede descartar después de los numerosos antecedentes en los que el Gobierno ha demostrado una pronunciada animadversión a todo lo que signifique las tierras bajas del país, sin medir las consecuencias en cuanto al daño social, económico y en este caso, un grave atentado a la unidad nacional, pues se está generando malestar que puede derivar en confrontación a la hora de medir la coparticipación tributaria y la representación política que se obtienen de acuerdo a la cantidad de población.
Más allá de todas las chicanerías que se inventan los aventureros para enquistarse en el poder y hacer politiquería barata, el saldo es catastrófico para el país, especialmente para las regiones más empobrecidas y postergadas, que viven esperanzadas de las migajas que caigan del insaciable centralismo epulón, el único beneficiado con esta patraña.
Obviamente la pérdida de credibilidad, el derrumbe de la fe del Estado y la ausencia de confiabilidad en las instituciones son también daños muy graves, pero eso parece importarles poco a los actuales inquilinos del Palacio Quemado, dispuesto a todo para conseguir la perpetuidad.
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