Un mínimo de seriedad

El presidente Morales admitió durante el discurso central del Día de la Patria, que conoce todos los movimientos de acarreo de gente que se produjeron en los días previos al Censo realizado el 21 de noviembre de 2012. El mandatario dijo haber sido testigo de cómo instalaron carpas en algunos barrios de la Ciudad de El Alto para acoger a los inmigrantes que viajaron específicamente de Argentina y de otros lugares “para hacerse censar” y también citó a su pueblo natal, Orinoca, entre las numerosas comunidades que recurrieron a la trampa para alterar los datos de la encuesta nacional, que hoy está sujeta a serios cuestionamientos, por una supuesta inexactitud de los datos y por sospechas de manipulación.

Pese a todo, el jefe de Estado dice confiar en los datos del Censo 2012 y ha anunciado que el Gobierno iniciará su aplicación. También ha afirmado estar dispuesto a que se haga una auditoría internacional del proceso y asegura que no se ha producido ningún tipo de distorsión.

Evo Morales afirma que todo el conflicto en relación a la diferencia entre los datos preliminares que el mismo lanzó en enero y los resultados finales que se conocieron hace una semana, se origina en la premura con la que tuvieron que dar a conocer los primeros informes, azuzados, según él, por la presión de los medios de comunicación y por algunas regiones que manifestaron impaciencia porque se conozcan las cifras del número de habitantes de las cuales dependen los ingresos y el peso político. El problema es que la contradicción es de casi 400 mil habitantes y los afectados son nada menos que cinco departamentos que ahora desconfían y con toda razón, sobre todo después de escuchar las insólitas explicaciones presidenciales que no solo esconden chapucería, sino también una excesiva tolerancia hacia lo irregular, hacia eso que muchos llaman “viveza criolla” que no es más que una manera folklórica de designar a nuestra torcida manera de vivir y de actuar.

Entre los afectados por ese error se encuentra la comunidad indígena de Yampara, del departamento de Chuquisaca, cuyos miembros literalmente han sido borrados del mapa por el Censo y que ahora reclaman por su derecho a existir, aunque en el Gobierno tengan más ganas de reprimirlos como lo han hecho recientemente en la Plaza Murillo.

Y junto con los Yampara, el Censo ha borrado a cerca de tres millones de indígenas o por lo menos a quienes en el 2001 se habían declarado pertenecientes a una de las 36 etnias reconocidas por la Constitución y que ahora se autoidentifican como mestizos. Inmediatamente el Gobierno ha cambiado el discurso y según el presidente “todos somos originarios”, mientras que el vicepresidente García Linera hace un gran giro conceptual y en vez de llamarlas “naciones” indígenas, ahora las baja de nivel y las denomina como “categorías culturales”. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a modificar la Constitución? ¿Van a cambiar toda la nomenclatura indigenista que se forjó en el territorio? ¿Van a frenar la descolonización?

Si el Gobierno pretende que Bolivia realmente sea un referente internacional, al menos debería buscar un mínimo de seriedad en los actos del Estado, cuya fe ha quedado en tela de juicio.