Menos información, Menos democracia

Cuando en el mundo se hacen grandes esfuerzos por fortalecer los pilares de la democracia, en Bolivia se trabaja para debilitarlos. No solo se socava el pluralismo, el derecho al disenso y las libertades que garantizan la participación política, sino también se limita el ejercicio del derecho a la información que tiene a la libertad de prensa y de expresión como su principal instrumento.

Durante los años de vigencia del régimen se ha tratado de mostrar a la libertad de expresión como una extravagancia de algunos sectores, un privilegio de periodistas o de empresarios de la comunicación, cuando se trata del vehículo que permite el funcionamiento pleno de la democracia, pues le permite a la población estar al tanto de los asuntos públicos, demandarle una correcta rendición de cuentas a sus mandatarios y fiscalizar la conducción de las políticas públicas, que de manera soberana han sido confiadas a un Gobierno, a condición de que éste se conduzca con transparencia, en apego a las normas y el bien común.

Por eso es que los grandes teóricos de la política y de la democracia afirman hoy sin tapujos que sin libertad de expresión y sin libre acceso a la información, la democracia desaparece y termina como rehén de las élites. Así ha sucedido precisamente con la triste historia democrática boliviana y por eso mismo es que los países con mayor apertura y madurez política trabajan para que sus gobiernos actúen de frente a la ciudadanía.

¿Cómo lo hacen? Eliminando las restricciones para el trabajo de la prensa y los periodistas que investigan, promoviendo el uso de los medios de comunicación para que la ciudadanía esté al tanto de cada reunión, cada decisión, cada negociación que se produzca en el ámbito público; incentivando el uso de las nuevas tecnologías para que los presupuestos, los gastos, las licitaciones y el manejo de los recursos estén disponibles ante cualquiera que quiera escudriñar; elaborando leyes que faciliten el acceso a la información pública e impidiendo a toda costa la promulgación de normas que coarten la labor periodística, que coyunturalmente puede ser contraproducente para un partido, un líder político o un proyecto, pero que a la larga se traduce en el fortalecimiento democrático, base de la prosperidad de los pueblos y los sistemas políticos.

¿Qué se está tratando de hacer en Bolivia? Se promueve una ley de acceso a la información pública que busca lograr justamente lo opuesto a la democracia: ocultar, restringir, limitar y promover el secretismo de las decisiones, acciones y conductas de los que ejercen cargos públicos. El colmo de todo es que hasta se propone la cárcel para aquellos funcionarios que brinden información al público, algo que es antihistórico no solo desde el punto de vista político sino porque contradice las tendencias culturales que proponen una gran apertura a la información y al conocimiento. Es paradójico que Bolivia apoye a exponentes universales como Snowden y Assange y por otro lado actúe en contracorriente a lo que han hecho.

En siete años, el gobierno del MAS ha promulgado varias leyes que han ido limitando parcialmente la libertad de expresión y el derecho a la información y al parecer esta vez pretende cerrar el círculo como lo han hecho Venezuela o Ecuador, con leyes específicas que buscan la judicialización del periodismo, cuyo resultado es cárcel, multas y obviamente la censura.