En este caso de los misiles chinos, el Gobierno ha advertido una gran oportunidad de sacar a relucir ante el mundo sus grandes dotes de antiimperialista, denunciando a voz en cuello la intervención que tuvo Estado Unidos en la desactivación de esos 28 artefactos que habían quedado obsoletos, pero que de todas maneras revestían cierto peligro, ante el clima de inestabilidad y de aventurerismo político que reinaba en el país en esos años. Esto no es exageración, sobre todo después de conocerse las confesiones que ha hecho en un libro de su autoría el dirigente campesino Felipe Quispe, uno de los líderes de las movilizaciones que provocaron la finalización del mandato y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Aunque el mismo lo niegue, respaldado por el Gobierno que ahora recibe su asesoramiento, existen muchas evidencias que muestran cómo Rodríguez Veltzé no solo conoció del caso de los misiles en el 2005, sino que también avaló un documento que certifica la acción binacional, hecho que le hizo acreedor de los apelativos de “vendepatria” y de “traidor” que le hicieron altas autoridades de este régimen. Obviamente, fue el Órgano Ejecutivo el que tomó la decisión política de retirarlo del caso, en abierta manipulación del proceso judicial y borrar con el codo todo lo mal que se había expresado del exmandatario de quien pretende explotar su figura como jurista probo, con la capacidad de ayudar a mejorar la imagen internacional del “proceso de cambio”.
El problema es que mientras que el Gobierno exculpa por su cuenta a Rodríguez Veltzé, intenta hundir a otros protagonistas del caso misiles chinos, especialmente al general Marcelo Antezana, quien lleva todas las de perder porque se trata de un senador opositor que se vinculó a la política después de haber sido destituido por su supuesta vinculación a este hecho calificado como “traición a la patria” por los principales operadores políticos gubernamentales.
Cuando el Gobierno manipula como lo está haciendo, se expone a las duras réplicas que hacen aquellos que son blancos de sus maquinaciones y en este caso, uno de los que resulta afectado es precisamente Eduardo Rodríguez Veltzé y por consiguiente la demanda marítima que la administración gubernamental ha llevado nada menos que a los tribunales de La Haya.
Por enfocarse de manera enfermiza en el proselitismo, las autoridades olvidan el impacto que este caso puede tener en la credibilidad del requerimiento presentado en Holanda y en la imagen de su principal impulsor, que ha sido designado embajador extraordinario, con la misión de llevar adelante este proceso, excesivamente delicado para el país, pues se trata de una intentona que, en caso de fallar, podría sepultar para siempre las aspiraciones marítimas de Bolivia.
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