El que no conoce Palmasola, como aquellos ministros, ignoran que los policías no tienen pisada dentro de los pabellones y que su única función consiste en vigilar el perímetro del presidio, donde aprovechan para hacer excelentes negocios con los presos, que son en definitiva los responsables de la “disciplina” dentro de la cárcel. En otras palabras, la pelea del otro día fue nada más que un mecanismo de los reclusos para ver quién se queda con el mando de la prisión y quién tendrá a su cargo la relación con las autoridades para la supervisión conjunta del ingreso de alcohol, de armas, de droga, celulares y todo lo que circula bajo ciertas reglas no escritas pero muy bien coordinadas.
Palmasola no es más que el reflejo de cómo se manejan los asuntos públicos en este país y del comportamiento que asume el Estado frente a los problemas. Y por más que se anuncien investigaciones a fondo, que se formen comisiones parlamentarias, las cosas no van a cambiar jamás, si es que las autoridades siguen asumiendo ese mismo rol decorativo pero bastante lucrativo que ocupan en otros campos.
Palmasola es como los mercados, donde son los vendedores los que redactan las reglas, imponen sus condiciones y establecen dónde se deben asentar sin importar si invaden las calles o las plazas. Palmasola es como el transporte público, en el que son los sindicatos los que asignan las tarifas, los que definen las rutas y marcan la calidad del servicio; Palmasola es como los parques nacionales que están a merced de cocaleros, narcotraficantes, colonizadores y piratas de la madera; Palmasola es como la lucha contra los narcos que está en manos de los proveedores de la materia prima.
Palmasola es como el Congreso, donde una bancada de contrabandistas se jacta de haber dictado una ley para legalizar los autos chutos, para “meterle nomás” como bien se ha instruido desde los más altos púlpitos estatales que se benefician de esta anomia social en la que los perseguidos, los regulados y para quienes sí funciona el “Estado Integral” es para los productores, los exportadores, los que cometen la ingenuidad de creer en las leyes republicanas y en la existencia de un Estado que supuestamente vela por su cumplimiento y por la búsqueda del bien común de los ciudadanos y no por los intereses de grupos tan espurios como esos reclusos que armaron aquel infierno.
Los bolivianos tenemos la culpa de que las cosas funcionen de esa manera; tenemos las cárceles, los mercados y el transporte que nos merecemos y por supuesto, las autoridades que están a la altura de ese modo que nosotros hemos elegido para relacionarnos.
La imagen que mejor ilustra el triste suceso del pasado viernes es la fotografía de un alto funcionario estatal levantando el puño dentro de la cárcel, mientras se desarrollaba todo ese infierno que hoy supuestamente nos tiene acongojados a todos. Esa imagen ilustra la falta de conciencia, la peor enfermedad de este país.
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