Centralismo insaciable

Cómo será de dañino el centralismo boliviano que ni siquiera les sirve a los paceños, mejor dicho a los ciudadanos paceños. Y prueba de ello es el contundente paro cívico de ayer, que inmovilizó todas las actividades, pese a que el Gobierno puso en marcha todas sus armas propagandísticas y de represión para impedir la medida de protesta que resultó exitosa para los organizadores.

En principio, el paro tuvo su origen en los resultados del Censo, que según los cálculos de los paceños, les ocasionarán una pérdida del 20 por ciento en sus ingresos regionales, lo que para el municipio significan 50 millones de bolivianos. Durante las últimas semanas, las autoridades de la Alcaldía, el Comité Cívico de La Paz y otras instituciones que impulsaron el paro, cambiaron el enfoque de la protesta y ahora exigen que el Gobierno central les compense no solo las pérdidas por las fallas del Censo, sino también todos los recursos que el centralismo les ha ido sangrando en estos años, producto de la hiperconcentración propiciada por el régimen

Como consecuencia de este proceso de monopolización, el Estado Central ha llegado a concentrar más del 88 por ciento de los recursos públicos, mientras que el resto de los ingresos se reparten entre 327 municipios, nueve universidades públicas y nueve gobernaciones. Pese a ello, las autoridades nacionales no han dejado de transferir sus responsabilidades en materia de salud, educación y otros aspectos a las alcaldías y los departamentos, los que han tenido que ceder, un tanto por connivencia y otro por temor a las represalias. Además, desde la gestión 2008, a los gobiernos regionales se les ha recordado más de 1.400 millones de dólares para pagar la Renta Dignidad.

A eso hay que sumarle la más reciente transferencia de algunas competencias en materia de seguridad ciudadana, que constitucionalmente deben ser asumidas por el Ministerio de Gobierno, hacia los municipios y gobernaciones, obligados a ceder parte de los recursos que les corresponde por la renta petrolera. A todo esto hay que mencionar que la cartera encargada de la seguridad interna en el país tiene uno de los presupuestos más altos de la administración pública.

Semejante concentración de recursos se podrían entender si es que el Estado central estuviera encarando una verdadera revolución productiva destinada a cambiar el destino de los bolivianos, pero eso contrasta con la última ocurrencia del centralismo y es la de proponer que las regiones, los municipios y las universidades suspendan el cobro de las regalías y la renta petrolera, con el objetivo de darles estos recursos a las empresas transnacionales interesadas en la exploración de nuevos hidrocarburos.

La propuesta refleja no solo desesperación porque las reservas de gas se están agotando, sino también el fracaso de YPFB y todo el proceso de nacionalización. Además, abre la interrogante sobre el destino que les da el Gobierno a la ingente cantidad de recursos que administra y que según los discursos, debería servir para invertir en la producción ¿Dónde están las reservas? ¿Dónde se han ido los ingresos?

Eso ocurre cuando el centralismo se vuelve insaciable y cuando los que manejan este sistema perverso no tienen un rostro visible, no buscan el bien común y se retuercen en un fango de intereses mezquinos que termina postergando a todo un país. Los paceños han protestado con fuerza. Los cruceños parecen haber perdido la esperanza.