Una excelente noticia se ha dado a conocer en los últimos días. El campo Margarita, uno de los más grandes del país y que fue el centro de la polémica en la denominada “Guerra del Gas” del 2003, incrementará su producción de 10 a 15 millones de metros cúbicos diarios, lo que pone al país al borde de una producción total de 70 millones de metros cúbicos.
Decimos que Margarita fue el origen de la pelea de hace diez años porque es el campo del que se iba a sacar el gas que debía a exportarse a Chile, México y Estados Unidos, proyecto que abortó porque se cruzó la tesis de que “el gas tenía que ser para los bolivianos”.
Los más contentos con la noticia son empresarios bolivianos que han estado esperando por años la provisión de gas para producir y generar empleos para el país. La lista es muy larga y entre los más destacados figuran tres cementeras que hace un tiempo tuvieron que recurrir a la importación para paliar la escasez; algunas fábricas de productos cerámicos y también hay proyectos de gas domiciliario paralizados y otros que sólo esperan el gas.
Uno de los más ilustres de la lista de espera es el proyecto del Mutún al que se le falló y tuvo que aplazarse, pese a que los requerimientos de gas bajaron de 10 millones a 2,6 millones. Finalmente el Gobierno decidió sacar a empellones a la empresa Jindal para que deje de “chillar” por gas y para que no siga poniendo en evidencia esta incoherencia del Estado Plurinacional que colocó en la Constitución un artículo que dice que la prioridad es industrializar y atender el mercado interno. En realidad este aspecto de la Carta Magna ha sido manipulado y les ha servido a las autoridades únicamente para hostilizar al aparato productivo del oriente boliviano.
Desde que los hidrocarburos fueron nacionalizados, factor que sirvió para ahuyentar las inversiones y provocar una caída de la producción de gas, el Gobierno ha hecho todo para cumplir con sus contratos de exportación y finalmente consiguió cierto repunte. Pero lamentablemente, cuando logró sobrepasar el límite de los cuarenta millones de metros cúbicos, YPFB nuevamente dejó con los “crespos hechos” a los bolivianos y optó por mandar el excedente de gas a la Argentina, país que ha retribuido con casi media docena de títulos honoris causa para el presidente y el vicepresidente.
No hay que dejar de mencionar que para conseguir elevar la producción, el régimen tuvo que guardar la nacionalización en las vitrinas de los viejos trofeos y recurrir a una serie de incentivos que ha vuelto las cosas a una situación muy parecida a los tiempos de la capitalización. En resumen, quienes siguen invirtiendo, controlando y decidiendo a quién venderle el gas, son las mismas empresas transnacionales, por lo que vuelve a surgir la duda de que esta vez sea la vencida y los bolivianos puedan tener el gas por el que muchos entregaron su vida.
Esta duda hay que tenerla muy en cuenta ahora que se avecina una nueva guerra, cuyo origen es la geopolítica del petróleo. Bolivia supuestamente está del lado de quienes se oponen al esquema del dominio imperial sobre la energía y que quieren una revolución. Revolucionario hubiera sido (y será) cuando los bolivianos estemos primero que los argentinos y los brasileños, países que en términos imperialistas, tienen mayor gravitación en Bolivia que Estados Unidos, país que se lleva todos los reproches y los insultos.
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