El Gobierno boliviano acaba de hacer la primera prueba de la maquinaria perteneciente a una de las empresas productivas nacionales creadas al amparo de la histórica bonanza económica experimentada en la última década, fruto de los excelentes precios de las materias primas de exportación. En este periodo, las arcas públicas bolivianas recibieron cinco veces más ingresos que el pasado y se calcula que en los últimos seis años la “lluvia” alcanzó los 90 mil millones de dólares.
En este periodo, el régimen aprovechó el dinero entre otras cosas, para crear numerosas compañías destinadas a recuperar el protagonismo del Estado en la economía. La empresa productora de papel del Chapare ha tenido que vencer los típicos obstáculos de los emprendimientos públicos, entre ellos la corrupción, los sobreprecios y la abultada burocracia y si desde ahora no ocurre ningún imprevisto, la planta podría estar produciendo su primera resma de papel en el 2015.
Lo lamentable es que existen pocas posibilidades de éxito, ya que la empresa está ubicada en un lugar donde no hay la materia prima disponible, la misma que deberá importarse desde un lugar muy lejano, lo que podría elevar los costos y volverla fácilmente inviable. Eso mismo pasa con una fábrica de cartón proyectada en Oruro, el ingenio de San Buenaventura en el norte de La Paz, la productora de urea en el Chapare y con otros emprendimientos como la planta separadora de líquidos de Río Grande, en las que la ausencia de planificación, la mano siempre recurrente de la corrupción y el predominio de la visión política sobre los aspectos técnicos, han ocasionado grandes gastos, sin la seguridad de que puedan mejorar la competitividad de la economía nacional o por lo menos generar empleos estables.
Es difícil calcular el monto invertido en esas empresas, pero ha quedado comprobado que son una suerte de “barril sin fondo” donde se invierte y sale muy poco o casi nada. No es difícil imaginar el futuro de esas empresas si se toma en cuenta lo que ha ocurrido con las minas nacionalizadas, especialmente con Huanuni, que ha pasado al límite de la quiebra en pleno auge de la minería. Ese absurdo tiene parangones solo en los célebres experimentos estatistas del comunismo que terminaron quebrando las economías de naciones enteras.
No vamos a analizar aquí otras formas de despilfarro en las que ha incurrido el Gobierno en los últimos años, simplemente señalamos lo que pasó en el ámbito de la productividad, que ha sufrido fuertes reveses no solo del lado del estatismo secante, sino también por los desincentivos, la inseguridad jurídica y la falta de un marco legal con menos obstáculos para la inversión.
Este debate es urgente ante el avistamiento de los negros nubarrones que se yerguen sobre las economías productoras de materias primas, que han estado beneficiándose de la bonanza de precios, producto de la demanda de China e India. En la última conferencia de la CAF, los representantes de los mismos organismos que tanto alaban el manejo económico de Bolivia, el BID, el Banco Mundial, la Cepal, el FMI, entre otros, han advertido que la época de las “vacas gordas” se acabó y ahora hay que empezar a producir en serio, a pensar en la educación, en la ciencia y en la innovación. El problema es que en Bolivia, el vicepresidente ha dicho que la fábrica de papel del Chapare será el ejemplo a seguir en la industrialización.
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