Las apuestas son siempre irracionales, aunque los jugadores compulsivos frecuentemente buscan alguna señal esotérica de qué agarrarse para arriesgarlo todo: un sueño, alguna cábala o un amuleto. Pero cuando el gobierno boliviano decide apostarlo todo al petróleo no solo podemos creer que se han vuelto locos, sino que están condenando al país al despeñadero.
El Gobierno habla de darles incentivos a las petroleras para que inviertan (recientemente confirmó mil millones de dólares en premios) y también menciona cifras astronómicas que podrían comprometer las reservas internacionales y por último busca cómo dirigir recursos que les corresponden a los municipios y gobernaciones para que sean invertidos en la exploración y la explotación de hidrocarburos.
Demás está mencionar que la apuesta por el petróleo incluye rifar las reservas naturales y los parques nacionales, expulsar a los indígenas de sus territorios “para que no interfieran en el desarrollo del país” y condenarnos para siempre al rentismo, en niveles parecidos a Venezuela, donde la adicción al petróleo ha terminado por paralizar al país, volverlo improductivo, condenado a soportar graves situaciones de escasez de los artículos más elementales.
Las autoridades nacionales, cuya angurria en realidad está dirigida en mantener grueso el chorro de dinero para eternizarse en el poder, podrían conducir al país a extremos de fragilidad y de dependencia nunca experimentados. Bolivia nunca ha estado boyante en términos económicos (los gobiernos sí), pero al menos hemos sido capaces de asegurar mínimamente el abastecimiento interno y eso ha sido posible porque además de apostar por las industrias extractivas (que ha sido una constante en todos los regímenes) se ha buscado cómo diversificar la economía de tal forma de fomentar el empleo y la productividad de los bolivianos, a los que hay que darles los medios de sustento y no dádivas que podrían acabarse en cualquier momento.
En la última década el país ha estado en inmejorables condiciones para destinar gran parte de su renta petrolera a las diferentes cadenas productivas como la madera, la castaña, la industria vitivinícola, la quinua, la soya, cueros, lácteos, frutas, etc., pero lamentablemente el gobierno prácticamente las ha ignorado y en algunos casos les ha hecho la guerra hasta conseguir su destrucción como sucedió con la actividad forestal, de inmenso potencial como generador de riqueza. De acuerdo a los datos de la fundación Jubileo, menos del dos por ciento de los recursos nacionales son destinados a la diversificación económica y eso implica menos oportunidades para la gente para tener un empleo digno o emprender su propia actividad de forma de descargarle el Estado el peso del paternalismo que se ha estado promoviendo.
Obviamente todo eso se podría lograr –y estamos a tiempo-, si nos fijamos metas a largo plazo, si hubiera planificación, visión de conjunto, políticas públicas y gente pensando en el futuro del país y no en las conveniencias electorales dirigidas a la hoy denominada “Repostulación”, que es la misma mona con otro vestido, atuendo que corre el peligro de terminar en harapos si no se toman medidas urgentes.
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