Saco vacío no se mantiene derecho”, decía Benjamín Franklin y es verdad. La pobreza es señalada frecuentemente como uno de las principales culpables de la corrupción, lo que no quiere decir que todos los pobres son deshonestos, de lo contrario el 70 por ciento de la población boliviana estaría bajo sospecha y el otro 30 por ciento libre de toda culpa, hecho que es inexacto. Tampoco es conveniente pensar que los bolsillos llenos nos libran de la tentación.
Bolivia tiene que luchar contra la pobreza por muchas razones. Debería ser nuestra prioridad número uno, no solo por este aspecto ético, por seguridad o por evitar que en algún momento estalle una bomba de tiempo.
En lo respectivo al combate a la corrupción hay otros aspectos que necesitan mejorarse a corto plazo, si no queremos empeorar ese cuadro de podredumbre institucionalizada que se ha podido constatar a raíz de la difusión de aquel video-soborno. Ahora le llaman “consorcios” a esos grupos que actúan perfectamente organizados y que seguramente involucran a jueces, actuarios, fiscales, policías y otros funcionarios del gobierno. Recordemos el caso del abogados extorsionadores que le robaron millonadas al norteamericano Ostreicher, lo metieron preso y finalmente lo obligaron a huir sin devolverle ni un solo centavo y menos hacer justicia porque todo se envolvió en un mar de burocracia.
Precisamente ese es uno de los males que se debe erradicar de la justicia y de toda la administración pública. Todo el sector público boliviano está perfectamente diseñado para el retraso de los trámites, para la traba y por consiguiente, para la coima y la lubricación de los engranajes que solo se mueven a punta de billetes. Mientras tengamos un estado hecho a imagen y semejanza de los aprovechadores, casos como ese que nos avergüenza seguirán apareciendo. Y existen, solo que no ha habido la oportunidad de grabarlos.
El otro factor que es necesario trabajar es la denominada “meritocracia”. En este mundo que parece sombrío hay seres humanos con honor y decencia; con un prestigio que cuidar, que cultivan valores y que desarrollan sus actividades con pasión y dedicación más allá de la remuneración económica. Es verdad que los funcionarios públicos, los jueces y todos los servidores deben mejorar sus ingresos, pero antes que nada, el Estado debe esforzarse por elegir a los mejores y no solo formarlos para elevar el nivel de la administración, sino conservarlos como una gran riqueza, porque de ellos dependen muchos millones, empleos, producción, agilidad en los negocios, emprendimientos, calidad en las obras públicas, etc.
El tercer elemento y tal vez el más importante es la formación ciudadana. Hoy el boliviano común y corriente piensa que el modo torcido de hacer las cosas es algo normal y como existe impunidad, también está convencido de que no se producirán consecuencias negativas de la corrupción. Pagar para sacar un papel más rápido, “colaborar” con los burócratas y violar las reglas constantemente, porque supuestamente es más barato que cumplirlas, es un razonamiento absolutamente engañoso. Lo puede comprobar no solo con aquella tarifa de nada menos que 15 mil dólares que exigía aquel juez o las “multas” que cobran hoy los policías en las calles, sino en la realidad del país, cada vez más pobre y atrasado.
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