La estructura de la complicidad

No se sabe qué es peor. Que exista una organización delictuosa dentro del Gobierno que se dedique a extorsionar; que gran parte del aparato gubernamental, incluyendo los tres poderes, esté implicado en el escándalo, o que toda la organización política que lleva adelante el “Proceso de Cambio” cierre filas en torno al encubrimiento de este bochorno, el más espurio hecho de corrupción de los últimos tiempos.

La respuesta es obvia y el espectáculo es por demás de decadente. Todo un partido que prometió iniciar una revolución moral en el país, unido bajo una sola consigna de aislar a cualquier elemento propio o extraño que tenga la osadía de exigir transparencia. Naturalmente, de esta manera no están haciendo otra cosa que desnudar el hecho de que detrás del caso Ostreicher hay implicaciones de muy alto nivel, tal como lo sugirió la diputada Rebeca Delgado, contra quien se ha abalanzado la plenitud del poder con el objetivo de castigar el supuesto acto de rebeldía partidaria.

Cuando en el Gobierno repiten “prohibido pensar” no es otra cosa que exigir la más disciplinada connivencia que, tal como van las cosas, no es más que un acto de complicidad con hechos que tienen serias implicancias legales y que tarde o temprano comenzarán a pasarle factura el régimen en funciones.

Y cuando se habla de “centralismo democrático”, un eufemismo que encierra una tremenda aberración conceptual, lo que se trata de apuntalar es simplemente una consigna militarista y dictatorial que cada vez genera mayor malestar dentro del partido gobernante.

El castigo a Rebeca Delgado ha sido apenas una señal de escarmiento para todos aquellos que habían comenzado a manifestarse por la transparencia, a exigir cuentas e incluso a demandar la renuncia de algunos ministros, que fueron ratificados en medio del descontento y las más notorias sospechas de encubrimiento. Semejante “cuartelazo” partidario, que además viene acompañado de un “dedazo” en la designación de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no busca otro efecto más que frenar una fuerte ola de malestar en las filas masistas, que ahora, además de estar bajo el manto de la complicidad, también son tildados de “llunkus” (serviles), insulto que sonó muy fuerte en el Congreso.

No hay que olvidar que el pluralismo, una garantía fundamental del sistema democrático y el Estado de Derecho, ha sido conculcado hace mucho tiempo en Bolivia. Varias personas han muerto, entre ellas dos mujeres concejalas que denunciaron corrupción; hay decenas de encarcelados, exiliados y perseguidos por manifestar su disidencia con el régimen y cada vez es más difícil ejercer la libre expresión.

Los oficialistas están sufriendo en carne propia algo que todos los opositores, los miembros de la Iglesia Católica, los periodistas, los indígenas e incluso dirigentes de movimientos sociales que manifestaron en algún momento sus diferencias, han estado padeciendo desde el 2002.  Ojalá que esta experiencia sirva para rectificar el rumbo dictatorial que ha asumido el Gobierno, de otra manera no cabe la menor duda que todo esto contribuirá al acelerado deterioro del sistema democrático en el país.