Un asambleísta de Chuquisaca violó a una mujer y el que ha ido preso es el funcionario que supuestamente facilitó las imágenes del acto de abuso. Gracias a esas tomas se pudo conocer el hecho criminal pero los únicos que podrían pagar las consecuencias, además de la víctima y el sujeto detenido, son los medios de comunicación amenazados de juicio penal por el Fiscal General del Estado y la ministra anticorrupción.
Esto que parece ser el argumento de una comedia de enredos es nada más que la película de terror que nos ofrecen algunos agentes del proceso de cambio y que ha obligado al presidente a afirmar que “no todos los masistas somos violadores”.
Este horrendo espectáculo, que salta al telón cuando todavía está en cartelera la superproducción de extorsionadores, ministros y abogados, ha ocurrido días después de la detención del diputado masista Justino Leaño, acusado de haber violado reiteradamente a su hija durante un lapso de cuatro años. El caso fue conocido hace varios meses por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se produjeron evidentes señales de encubrimiento que impidieron la actuación de la justicia ordinaria.
El siguiente episodio terrorífico está relacionado con el asambleísta del MAS del departamento de La Paz, Gabriel Pinto Tola, sentenciado en la justicia a 30 años de prisión por el asesinato del exalcalde de Ayo Ayo y cuyo caso fue archivado en marzo del año pasado con el objetivo de impedir la suspensión del legislador, pese a que la Fiscalía comunicó oportunamente el fallo de la justicia. El presidente de la Asamblea atribuye todo a un descuido, sin embargo, al acusado le otorgaron el beneficio de “licencia indefinida”, figura que no está en los reglamentos del órgano deliberante.
Hay un último caso, para citar solo los más recientes y vincula al concejal del municipio paceño de Palca, José Chura, detenido en la cárcel de La Paz, luego de que desfiguró el rostro de su concubina cuando intentó violarla. La mujer que se presentó ante la justicia buscando protección ha tenido mucho más suerte que la esposa del senador Fidel Surco, quien todavía deambula por algunas oficinas públicas de La Paz pidiendo que su marido le brinde asistencia familiar. Es un calvario parecido al que ha tenido que padecer la joven que sufrió abuso de parte de un concejal que ahora funge de alcalde en un municipio cruceño tomado ilegalmente por el MAS.
No conviene hacer escarnio de algunos hechos lamentables cometidos por individuos que merecen todo el castigo de la justicia y que han obligado al presidente Morales a salir a la palestra con una aclaración tan dolorosa. Cuando hablamos de “terrorífico” nos estamos refiriendo sobre todo a los hechos de encubrimiento y de connivencia del pleno del sistema político dominante, pese a todo el discurso de transparencia y revolución moral que tanto enarbola.
Podrán decir que los hechos relatados son aislados y que los responsables son sujetos marginales dentro del esquema de poder, pero cuando se trata de la ausencia de equidad para aplicar la justicia, la ausencia de valores es generalizada. Si el presidente realmente tiene intenciones de dividir las aguas entre los violadores y los que son respetuosos de las leyes, debe empezar por aquellos que encubren y hacen la vista gorda de los hechos de corrupción que han minada la credibilidad del régimen gobernante.
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