La victoria del acullico

El Gobierno boliviano está festejando algo que en realidad el país consiguió en 1988. En ese año, cuando estaba en plena elaboración de la Ley 1008 de Sustancias Controladas –por presión internacional, hay que decirlo-, se logró la despenalización del acullico en el territorio nacional, pese a que Bolivia había firmado la Convención de Viena de 1962. Es por eso que en la norma antidroga se permite un tope de 12 mil hectáreas para el consumo tradicional de la “hoja sagrada”.

El “gran logro” de haber sido readmitido en la Convención de Viena luego de haberse retirado no tiene mayores consecuencia positivas para la coca, salvo la ratificación de una costumbre muy arraigada en el país que merece el respeto de la comunidad internacional. Pero eso ni siquiera debería ser motivo de tanto festejo, tomando en cuenta el fuerte rechazo que siente el Gobierno de Evo Morales hacia la ONU, organismo que según el líder cocalero debe ser sustituido por otro que represente a los países pobres. Esta contradicción suena igual que vender bonos soberanos en Wall Street pese a ser el enemigo número uno del capitalismo.

Altos representantes de la ONU que conocen las verdaderas intenciones del Gobierno cocalero se han apresurado a aclarar que la decisión tomada en Viena no constituye una legalización de la coca, que sigue siendo una sustancia controlada y que simplemente se ha establecido la salvedad del masticado exclusivamente para nuestro país. Han adelantado que está prohibida su exportación y sobre todo, se ha iniciado la presión para que las autoridades elaboren de una vez por todas un estudio que debe determinar cuánta coca se necesita para acullicar, de tal manera de establecer qué cantidad de cocales son excedentes y por lo tanto ilegales, como lo son en este momento todos los sembradíos del Chapare, según lo establece la Ley 1008, todavía vigente.

No cabe duda que el régimen gobernante utilizará este supuesto éxito diplomático para aprovecharlo no solo desde el punto de vista mediático, sino también para reimpulsar la defensa de la coca, con el objetivo de lograr su total despenalización. De hecho, el canciller David Choquehuanca ha anunciado que la meta ahora es lograr que Bolivia pueda exportar coca de manera legal, puesto que desde hace mucho lo hace ilegalmente, sobre todo hacia Argentina, donde el consumo alcanza las cinco mil toneladas anuales.

Los más escépticos creen que las intenciones del Gobierno  son mucho más agresivas en cuanto a la coca y que su verdadero interés pasa por avanzar hacia un territorio libre de restricciones. Lo más probable es que se pueda desatar una suerte de algarabía entre los cocaleros, siempre dispuestos a sobrepasar los límites, que se han mantenido medianamente controlados en los últimos dos años.

La comunidad internacional se ha portado tolerante con Bolivia en relación a los desbordes de los cultivos y la producción de cocaína y el hecho de habernos readmitido en la Convención de Viena expresa la voluntad de evitar que el país quede al margen de las leyes, como una suerte de “territorio forajido”. Esa demarcación a la que se está sometiendo el Gobierno nacional exige obligaciones muy concretas en la lucha antidrogas. Y seguramente, a partir de ahora, la ONU y toda la comunidad internacional serán más rígidas en demandar  su cumplimiento.