Cuando la misión de observadores de la OEA concluye que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) adolece de fallas estructurales, en realidad debería analizar el estado de la democracia boliviana que también enfrenta problemas fundamentales, que cada día ayudan a configurar una autocracia en el país, por no decir una dictadura.
Los veedores han quedado azorados por la inhabilitación de 228 candidatos en el Beni, nueve días antes de las elecciones subnacionales celebradas el pasado domingo, hecho que generó un estado de zozobra y confusión en la población beniana, que estuvo expuesta a actos de violencia y desorden. Afortunadamente, los únicos que asumen un comportamiento armonioso y decente en Bolivia siguen siendo los ciudadanos.
El Tribunal Electoral tomó la temeraria decisión en el Beni, porque sus miembros saben que sus acciones no tienen ningún tipo de consecuencia legal, porque lo más importante en este país es el respaldo político que garantiza la impunidad, sin importar la gravedad de las acciones.
Obviamente existe una ley que autoriza semejante atentado contra la democracia y no solo es inconstitucional, sino que es producto de la peor manipulación que se haya cometido contra la Carta Magna y el Estado de Derecho en Bolivia, donde se trastocó el sistema de correlación de fuerzas para permitir el “imperio de los dos tercios” que da vía libre a la aprobación de cualquier tipo de ley y que además puso al presidente por encima de todos los poderes del Estado, con capacidad para cambiar, nombrar, imponer y decidir en toda las instancias judiciales, legislativas y electorales, por supuesto.
Los observadores han hecho muchas críticas, como la expulsión de un plumazo de una de las vocales por una supuesta parcialidad con un candidato, medida que se tomó para tratar de disimular la torpeza de la inhabilitación en el Beni, porque todos sabemos desde hace mucho que tanto leyes como autoridades electorales juegan a favor del oficialismo, transgrediendo a cada paso las normas más elementales del juego limpio. Y todo esto seguirá ocurriendo porque tanto las normas específicas como la Constitución alientan el abuso y los atropellos, los mismos que han sido tolerados y también alentados por organismos internacionales como la OEA. Vaya engendro que ahora tratan de desconocer.
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