Por más denuncias que se hagan en Bolivia como las que hizo el coronel Germán Cardona, está demostrado que no habrá mayores consecuencias para ninguno de los involucrados, pues el régimen gobernante ha sido muy hábil en tejer un entramado institucional muy fuerte de connivencia y protección, que incluye a las Fuerzas Armadas por supuesto.
En ese sentido, el caso Cardona no amerita un análisis jurídico sino político y en tal caso, lo primero que hay que destacar es la sorpresa de los operadores gubernamentales y de las altas esferas militares, que no han tenido más argumento que culpar a la supuesta enajenación mental del oficial, olvidando que se trata de un abogado de larga experiencia que tomó todas sus previsiones antes de irse a España.
Si Cardona está loco, si salió último en su promoción, si tiene procesos judiciales en su contra (vaya novedad), o si demoró seis años en hacer públicas sus denuncias, son alborotos que no le ayudan a un gobierno muy debilitado en las urnas, desde el punto de vista mediático y también político, dada la seguidilla de disidencias y desacuerdos internos que justamente se han traducido en un rosario de escándalos de corrupción que hicieron estragos el pasado 29 de marzo.
El militar que ahora pide refugio en España, donde tiene muchos contactos que desarrolló en su carrera de abogado, ha disparado contra un entorno presidencial que ha sido insistentemente mencionado, no solo en relación al caso Rózsa, un verdadero adefesio de escándalos y notas absurdas, sino también a hechos de narcotráfico que han alcanzado notoriedad internacional, como sucedió cuando la revista brasileña Veja hizo revelaciones que fueron objeto de amenazas de juicio de parte del Estado Plurinacional. Eso también terminó en una simple rabieta sin mayores consecuencias, mientras que del otro lado, el rompecabezas sigue armándose sin pausa.
Justamente, Cardona ha aportado importantes piezas que corresponden a un cuadro mucho más amplio, cuyos protagonistas son importantes jerarcas venezolanos que han sido identificados como los líderes de un cártel con sede en el país caribeño, responsable de la exportación de droga a varios continentes. Como se sabe, el régimen de Nicolás Maduro es el blanco de una arremetida internacional que le critica el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y que por otro lado, lo mantiene acorralado con denuncias muy específicas de tráfico de cocaína. A diferentes instancias de seguridad como las que intervinieron en el caso de René Sanabria y Fabricio Ormachea les interesará conocer las evidencias que puede aportar el coronel boliviano.
Es obvio que cuando se habla de Venezuela, las implicancias pueden involucrar a todo el esquema montado alrededor del proyecto iniciado por el eje La Habana-Caracas, sometido a una atención muy especial de parte de la Casa Blanca, cuya preocupación fundamental sobre nuestro país sigue siendo el narcotráfico. Puede que el coronel Cardona haya esperado seis años por temor a las represalias, pero lo más probable es que hubiera estado aguardando el pulgar levantado de alguna instancia dispuesta a escuchar y procesar toda esta información. Solo falta saber si el coronel también tuvo la venia de algún agente interno.
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