Al contemplar semejante cifra, inmediatamente surgen los primeros comentarios encabezados por el propio presidente Morales, quien ha propuesto una cumbre para tratar este espinoso tema que estuvo a punto de desencadenar una convulsión social a fines del 2010, cuando el Gobierno intentó incrementar el precio de los combustibles en más de un 70 por ciento. El mandatario ha dicho otra vez que el subsidio, que alcanza al diesel, la gasolina y el GLP, es una manera dramática de sangrar el Tesoro General de la Nación y no es para menos, pues en lo que va del año, la importación de carburantes a precios internacionales para venderlos a precios congelados, se ha comido casi un 40 por ciento del valor total de la exportación de los hidrocarburos. La compra de estos productos es precisamente lo que ha hecho crecer de sobremanera la deuda externa nacional, especialmente con Venezuela, convertido en uno de los principales acreedores.
Ni bien surgen los comentarios adversos al subsidio, emerge la crispación de los sectores afectados, fundamentalmente los transportistas, que rechazan cualquier tipo de nivelación de precios y en varias ocasiones le han hecho sendas demostración de su fuerza a las autoridades centrales. Lo más probable es que todo siga en las mismas condiciones y el agua sigue subiendo con el riesgo de ahogar la economía boliviana.
Lamentablemente, las autoridades económicas solo contemplan la nivelación de precios a la hora de hablar de los subsidios y hasta ahora no han puesto en marcha ninguna de las alternativas que debieron ejecutar para paliar lo que ellas mismas llaman “sangría de recursos”.
Como se sabe, el astronómico crecimiento del parque automotor en el país, promovido desde el Estado a través de medidas irracionales, ha hecho crecer el monto del subsidio en más de seis veces. Recordemos que en el 2005 el Estado gastó 180 millones para mantener el congelamiento, monto que subió a 666 millones en el 2011, casi la mitad de lo que se prevé para el próximo año. En total, en los últimos siete años el país ha gastado más de tres mil millones de dólares en este concepto y desafortunadamente poco se ha hecho para reducirlo.
Hay varias medidas que se pueden ejecutar sin tocar el precio. Por ejemplo, reducir el contrabando, pues más de un tercio del combustible importado vuelve a salir del país hacia los países vecinos. En segundo lugar, el Gobierno puede regular con mayor eficacia el ingreso de vehículos al país, especialmente en lo que respecta a los denominados “autos chutos” que en su momento gozaron de amplia protección política. Tercero: el narcotráfico. Esta actividad utiliza gran cantidad de hidrocarburos y en eso tienen mucho que ver los autos de contrabando, que son usados como medio de aprovisionamiento de gasolina y diesel. Hay que limitar la importación de motorizados de alta cilindrada, controlar el uso del diésel para dirigirlo especialmente a la producción agrícola y promover el uso del GNV.
Por último, Bolivia tiene que pensar seriamente en la forma cómo está produciendo y utilizando los hidrocarburos. Es urgente que dirija las actividades hacia las necesidades internas y que deje de enfocarse casi de forma exclusiva en las exportaciones, que no dejan gas y combustibles líquidos para el consumo de los bolivianos, que cada día vemos que se nos ajusta la soga en el cuello.
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