Todavía no salimos del estupor que ha causado en el país el caso del periodista Fernando Vidal, a quien rociaron y prendieron fuego mientras trabajaba en su radio en Yacuiba y la realidad nos vuelve a golpear con otro oprobio, el que padece el empresario norteamericano Jacob Ostreicher, preso en Palmasola desde hace más de un año y cuyo proceso ha cobrado notoriedad internacional desde que su compatriota, el actor norteamericano Sean Penn lo visitó en la prisión. Allí, este hombre de 53 años languidece enfermo y desilusionado con la justicia boliviana, que lo ha sometido al más cruel e inescrupuloso de los tratos, según relata en una cama de hospital.
Ostreicher es el típico caso de un inversionista que llega al país convencido de que funcionan las leyes y motivado por las promesas de seguridad jurídica que hacen constantemente los líderes políticos, que lamentablemente se dejan llevar por la angurria del poder y olvidan que un Estado se construye en base a la confianza que se debe brindar a los ciudadanos y a todo aquel que pise el territorio con intenciones de trabajar en paz y en apego a las normas.
Se trata también del característico hombre de negocios que observa y aprovecha las grandes oportunidades que brinda el país para trabajar y producir sin exigirle nada al Estado, más que un marco jurídico estable y previsible y que consigue el éxito pese a los avatares que cualquier emprendimiento puede tener.
Jacob Ostreicher fue capaz de vencer toda una serie de adversidades y montar una empresa que consiguió grandes volúmenes de producción que, en lugar de lograr la admiración y el apoyo del Estado, despertó en sus autoridades una desconfianza injustificada y muy bien guiada por un patético prejuicio que siempre funciona en este país contra todo aquel que trabaja, prospera y genera riqueza, patraña que lamentablemente se encuentra enquistada en la sociedad, con la complicidad de líderes demagógicos y chauvinistas.
La actuación de las autoridades judiciales en relación a Ostreicher también ha sido paradigmática y refleja hasta qué punto se encuentra corrompido el sistema, carente de escrúpulos e indolente frente a una persona que tiene todas las armas legales para defender su inocencia. Estos individuos, seguramente avalados por intereses oscuros y con fuerte respaldo político, han obligado al empresario a soportar un calvario indecible. Pese a todo, el imputado encaró con mucha confianza el papeleo judicial, fue y volvió a su país en busca de evidencias sobre el origen legal de su fortuna y ninguna de las pruebas fue suficiente para convencer a los operadores de la justicia, que naturalmente han actuado en función de apetitos espurios.
El Estado Plurinacional tiene la gran oportunidad de demostrarle al mundo que en Bolivia hay un verdadero cambio y eso equivale a probar que la justicia ha sido devuelta para beneficiar al pueblo, a los inocentes y a quienes sufren los abusos de gente indolente que tiene en sus manos la vida de los demás. Por una cuestión de honor y de pudor, es necesario que este caso sea llevado a derecho cuanto antes.
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