Esta conclusión se deduce muy bien de los comentarios que hacen los grandes operadores gubernamentales a raíz de las actitudes del ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, quien desesperado por no encontrar una salida a su caso, apela a la figura presidencial.
Desde el vicepresidente, pasando por el ministro Quintana y otros voceros, han dicho que el primer mandatario no puede inmiscuirse en los asuntos de la justicia y olvidan que tanto el caso Ostreicher, como el caso Rózsa, por citar los procesos más patéticos, son justamente la expresión más clara de la manipulación y las interferencias en el sistema judicial, que han convertido a este órgano del Estado en un mero instrumento de la persecución política al servicio de los intereses de un pequeño grupo que maneja el poder con tintes absolutistas.
O es que olvidan que alrededor del caso Ostreicher operaba una red de abogados vinculados a tres ministerios, encargados de manipular jueces y fiscales y que a raíz de que se destapó este escándalo, nada menos que el Fiscal del Distrito de Santa Cruz (nombrado a dedo por el Órgano Ejecutivo) terminó en la cárcel de Palmasola y el presidente de la Corte distrital de Santa Cruz, un magistrado servil al oficialismo, huyó despavorido porque su nombre figuraba en la lista de los que extorsionaron y metieron a la cárcel injustamente a quien hoy le reclama al presidente frenar las acciones mafiosas controladas por gente de su régimen.
De eso se da cuenta hasta el más tonto de los gringos y por supuesto, los bolivianos, que observan azorados cómo en lugar de mejorar, hemos caído en un abismo en lo que implica el respeto a la ley, la búsqueda de justicia, la independencia de poderes y lo que es peor, el irrespeto a los derechos humanos que nos deja muy mal parados en todos los diagnósticos e informes que elaboran organismos internacionales.
El más reciente reporte pertenece al prestigioso observatorio Amnistía Internacional que refleja el peligroso coctel de autoritarismo e injusticia que está macerándose en Bolivia, donde, principalmente siguen violándose los derechos de los más débiles, es decir, los indígenas, especialmente los de tierras, bajas, que fueron salvajemente reprimidos hace más de un año y medio, caso que es manejado en contexto de burla institucional generalizada hacia los dirigentes que sufrieron el vejamen.
El informe también refleja el agravamiento de la retardación de justicia, que se da pese a las reformas realizadas por el “Proceso de Cambio”, las mismas que apenas dieron resultados en una mayor eficacia en la cooptación de los tribunales judiciales con el fin de que se vuelvan operativos a los afanes políticos.
Los datos de Amnistía Internacional reflejan que, no sólo los gringos sino toda la comunidad de naciones están muy bien enterados de lo que ocurre con Ostreicher, con el caso Rózsa, que ha sido aludido por el informe, con los indígenas del TIPNIS y por supuesto, con lo que sucede en el campo de la libertad de expresión, hostigada cada vez con mayor fuerza por el régimen boliviano.
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