Ahora es cuando los bolivianos podemos apreciar con mayor claridad, el instante en el que se produce un hito en la destrucción de este país, por obra y gracia de la demagogia de los gobernantes que se creyeron todopoderosos, pero que en realidad no son más que ídolos con pies de barro.
Para el Gobierno fue un mero trámite burocrático conseguir el fallo del Tribunal Constitucional que autoriza la tercera postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera y posteriormente, aprobar una ley en el Congreso sin la necesidad de los dos tercios, porque a alguien se le ocurrió que así debía ser. El problema se produce ahora, cuando debe negociar con los movimientos sociales y otros sectores de la ciudadanía la cuota que les corresponde para seguir apuntalando un régimen basado en la demagogia y la prebenda.
Los primeros en ser atendidos son los uniformados, los que son capaces de tomar las armas para defender al Gobierno, pero que también pueden empuñarlas para rebelarse. De la misma forma cómo ocurrió en el 2001, cuando Hugo Banzer autorizó una jubilación del 100 por ciento para los militares, la administración actual está por otorgarles el mismo beneficio a los policías. Otro sector ha sido el de los ancianos, los más pobres entre los pobres, el 85 por ciento de los cuales no goza ni de un centavo de jubilación y a quienes se puede contentar con 50 bolivianos...¡a nada! Lo mismo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada y lo han hecho todos, pues la estrategia es repartir migajas en lugar de iniciar de una vez por todas políticas públicas que conduzcan a un sistema de bienestar social sostenible.
Los mineros, los mismos que hace seis años consiguieron que el Estado les entregue un botín de la envergadura de Huanuni y que han llevado a la quiebra, están peleando por el mismo privilegio de militares y policías. Los cooperativistas, a quienes se les perdona los impuestos y se les permite que saqueen los socavones e invadan predios privados, también están muy cerca de conseguir su tajada y lo propio harán quienes ahora salen a las calles a enfrentarse con los sectores en huelga, como ocurrió con los dirigentes de la confederación de campesinos, que se adjudicaron el manejo de fondos millonarios a cambio de apoyar el fracasado “Gasolinazo”.
Este tipo de manejo político han sido una constante en el país y cada vez que se produce un “acuerdo”, pierde la ley, se posterga la democracia y se aniquila la posibilidad de construir un Estado de Derecho, como la vez que se negoció el cato de coca, en franca violación a la Ley 1008 y abriendo las puertas al libertinaje en la producción de la “hoja sagrada” su principal derivado, la cocaína. Ese fue el hito en el que se inició la construcción del Estado Cocalero antesala de un Estado Narco al que estamos destinados, si es que no se frena la hiperproducción de coca. Durante siete años no ha habido gobierno para incrementar el número de aportantes al sistema jubilatorio, para edificar la potencia minera que debería ser Bolivia junto con Perú y Chile, para mejorar la calidad de vida de los ancianos con políticas estructurales, en fin, para construir un Estado serio y responsable. Lamentablemente el Gobierno aparece sólo cuando hay que solucionar los conflictos con demagogia y de esa manera consolidar la destrucción estatal, del país y de la democracia.
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