Quién es el más beneficiado con el proceso de cambio? En teoría es el pueblo boliviano, las grandes mayorías, los indígenas y campesinos que –también en teoría-, son quienes tienen en sus manos el poder político que permite tomar decisiones importantes como la distribución de los recursos producto de la nacionalización de los recursos naturales que, solo en el caso del gas, ha reportado más de 16 mil millones de dólares en siete años, ocho veces más que en el periodo 1999-2005. Nadie exige que el país esté ocho veces mejor que en el 2005, pero al menos la diferencia debería notarse algo más que una mínima reducción de la pobreza extrema y el ascenso social de ciertos sectores, fenómeno atribuible a las actividades ilegales más que al esfuerzo productivo de la economía lícita.
Más del 80 por ciento del gas que ha extraído Bolivia desde el 2005 ha tenido como destino la exportación, sobre todo a Brasil, donde en energético es usado para echar a andar principalmente las industrias de San Pablo pertenecientes a las grandes transnacionales como Ford, Volkswagen, Procter & Gamble o Nestlé. En el caso de la minería, otra de las grandes fuentes de ingreso de nuestro país, casi toda la producción tiene como destino las fábricas de automóviles y maquinarias de China o de la India, a las que les compramos los artículos manufacturados que no se producen internamente por falta de industrias y también por falta de gas que nos impide, entre otras cosas, satisfacer la demanda de cemento.
El gas que extrae y exporta Bolivia es producto de la exploración y el trabajo de producción que hicieron las transnacionales que operaron en el país antes del 2005, pues posterior a ese año es muy poco lo que se ha descubierto. Y pese a que tanto se habla de las ventajas de la nacionalización, ha sido el capital transnacional el que ha mantenido la fuerza productiva y los mercados indispensables para generar tan abultados ingresos. En la minería, apenas un puñado de transnacionales, como la Sumitomo Corporation que controla San Cristóbal, son las que mantienen altos los volúmenes de extracción ya que el sistema cooperativo aporta con un porcentaje ínfimo.
No se trata de cuestionar aquí la inversión extranjera, que resulta indispensable para echar a andar el aparato productivo nacional, sino poner en duda la vocación nacionalista del régimen gobernante que no ha tenido la voluntad de usar los recursos y los ingresos para buscar un modelo productivo sostenible, con la capacidad de generar industrias, crear empleos, diversificar la economía y buscar la competitividad. En definitiva, el gran capital transnacional se ha fortalecido gracias a que países como Bolivia se mantienen en el camino de especializarse en la explotación de su patrimonio natural, reforzando su cualidad de país dependiente y excesivamente frágil, pues ni siquiera existe la suficiente fuerza para asegurar la soberanía alimentaria.
Es por eso que resulta cuestionable que Bolivia asuma posiciones supuestamente antiimperialistas que llevan a expulsar a USAID de nuestro territorio, cuando en realidad las grandes mayorías siguen ausentes del proceso de toma de decisiones y mucho más lejos todavía de los beneficios que reporta nuestra economía. La agencia de cooperación norteamericana invertía más de 20 millones de dólares cada año en nuestro país y lo hacía en proyectos de producción de cebolla, de mejoramiento de los camélidos, en promoción del turismo y estímulo a los cultivos de la quinua, entre otros. Desde ese punto de vista queda la duda sobre quién aporta más al desarrollo del país.
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