El avasallamiento cometido por militares en el Club Hípico Santa Cruz parece un hecho menor, pero es muy grave cuando se lo pone en el contexto político que estamos viviendo: la algarabía por un triunfo electoral que se presta para la soberbia y el incremento de las actitudes autoritarias.
En primer lugar habría que preguntar si los oficiales que ordenaron la irrupción en el club recibieron la venia de las instancias políticas, incluyendo por supuesto, a las que controlan el Municipio de Santa Cruz, el verdadero propietario de los predios que ocupan los aficionados al hipismo desde 1968. Es necesario tener estas respuestas para determinar cuál es el alcance de la alianza entre las fuerzas locales con el MAS o si se trata de una pulseada para medir fuerzas. El alcalde Percy Fernández es el mejor indicado para decirle a la ciudadanía de qué se trata todo esto y el presidente Morales tiene la misión de aclararnos si esta será la manera de gobernar en el departamento.
En todo caso, podríamos estar frente a un recrudecimiento de las acciones autoritarias o cuando menos, el retorno al revanchismo que le hizo tanto daño al país. Preocupa, por ejemplo que el Gobierno haya vuelto a señalar a la Iglesia católica como enemiga del “proceso de cambio” y que se sindique a dos medios católicos específicamente, tal como se hizo con el cardenal Julio Terrazas, a quien el presidente de la Cámara de Diputados le ha lanzado duros e inmerecidos epítetos. Es un acto de este tipo también que las autoridades nacionales decidan pasar por encima de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica, dos instancias que merecen respeto a la hora de coordinar un encuentro con el papa Francisco, a quien supuestamente se pretende presionar para que realice una visita al país. Se menciona además que el objetivo de la reunión con el Pontífice es presentarle las quejas por el comportamiento de la jerarquía eclesial boliviana. Un despropósito.
Ha sido un acto de prepotencia del Tribunal Supremo Electoral ignorar las denuncias y los reclamos por la falta de transparencia en el proceso eleccionario del 12 de octubre; es un mayúsculo hecho de soberbia y de autoritarismo la manera cómo se está juzgando a los miembros del Tribunal Constitucional; es también un abuso, apelar al “dedo” para designar a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, pese al discurso de democracia participativa que tanto se enarbola.
Uno de los males endémicos de Bolivia es el autoritarismo y lo debemos condenar y combatir porque también es una de las respuestas de atraso del país. La prepotencia, el uso de la fuerza y el avasallamiento se dan porque no existe respeto por las leyes, porque no se confía en las instituciones y todos luchan por lograr el vigor necesario para derrotar al adversario, destruir el orden impuesto por otros y consolidar un nuevo esquema de ventajas y privilegios basado en la imposición. Esto impone también un círculo vicioso, pues mañana o en cualquier fecha, quienes conquisten el poder, intentarán vengarse, apelando a los mismos métodos y actitudes. En esa mecánica estamos desde 1825 y así estaremos para siempre si es que no le ponemos freno.
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