martes, 15 de diciembre de 2015

Justicia: 'Límites intolerables'

Un coronel de la Policía es hallado con 42 kilos de cocaína en su poder y al día siguiente está en su casa por orden de una jueza que lo =benefició con arresto domiciliario y una fianza irrisoria para un narcotraficante de ese tamaño. El Gobierno ha calificado el hecho como intolerable y no hay duda que así es, pero la ciudadanía quiere saber cuánto más tendremos que aguantar este tipo de casos que no es nuevo y tampoco el más grave.
Semanas atrás, el general Óscar Nina, ex comandante nacional de la Policía, organizó una gran fiesta en la cárcel de Palmasola para celebrar su cumpleaños, lo que evidenció que el exoficial, acusado de proteger a bandas de narcos, goza de buena salud económica y excelentes contactos políticos e institucionales.
A estos escándalos hay que sumarle el arresto en septiembre de un capitán de la Fuerza Aérea con casi 400 kilos de droga, el caso del “narcocontratista” de YPFB,  José Luis Sejas, que llevaba toneladas de cocaína a la Argentina y numerosos hechos que han colocado a Bolivia en el centro de la sospecha continental, con el agravante de que en el país funciona toda una estructura política y judicial destinada a proteger a las mafias.
El arresto de los miembros del denominado “Clan Terán”, con elevados vínculos políticos; la detención del famoso “narcoamauta” Valentín Mejillones, el caso del general Sanabria, del mayor Ormachea, el escándalo Ostreicher, la red de abogados extorsionadores que operaban a órdenes de varios ministerios, debieron servir hace mucho tiempo para marcar un “límite intolerable”, pero lamentablemente se hizo poco y nada para frenar las acciones de este inmenso aparato institucional que ahora actúa descaradamente, como lo hizo aquella jueza con el coronel Juan Carlos Tapia.
El presidente Morales se ha quejado públicamente de la situación de la justicia; en reiteradas ocasiones ha mencionado a los jueces que liberan a los narcos y también a los oficiales de la Policía que les venden información a los traficantes. El mismo ha lamentado la protección que operan en las llamadas “narco-comunidades”, donde dirigentes ligados al partido gobernante ejercen presión para que los negocios turbios prosperen. Hay cientos de jueces y fiscales procesados por este tipo de acciones y en los pasillos de los tribunales los abogados suelen mencionar a los “consorcios” que están perfectamente organizados para favorecer a ciertos criminales que tienen el pulgar levantado del poder.
El Gobierno tiene toda la fuerza para cambiar las cosas. Goza de la capacidad política, de dos tercios en el Congreso, ha tenido abundantes recursos y el tiempo necesario para enfrentar las reformas que ayuden a levantar la justicia, pero el problema no ha hecho más que empeorar, lo que lleva a la conclusión de que no hay respuestas sencillamente porque no existe la voluntad de modificar la situación.
El presidente argentino Mauricio Macri ha dicho que una de sus tres prioridades será luchar contra el narcotráfico y en Brasil cada vez suena más fuerte la idea de frenarle el carro a Bolivia en esta materia. Tal vez tengamos que esperar nuevamente a que los cambios vengan impuestos de afuera, como sucedió en los años a finales de los años '80, cuando llegamos a los umbrales de lo intolerable.