Las empresas petroleras y cualquiera que entienda mínimamente de la industria energética deben estar sorprendidas al ver que el Gobierno boliviano quiere armar un plan de exploración y explotación de hidrocarburos con un fondo de 200 millones de dólares. Y al mejor estilo de los charlatanes de plaza, les ofrece a los municipios, gobernaciones y universidades públicas que por cada dólar que inviertan le van a devolver cuatro.
Buscar gas y petróleo es una tarea muy costosa, la más onerosa de todas y encima es la más riesgosa, porque toma años y decenas de pozos perforados dar con los yacimientos productivos, lo que implica muchísimo más que ese dinero que pretende confiscar y que significa menos escuelas, menos hospitales, menos desarrollo productivo y menos seguridad ciudadana, destinos que hoy tienen los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Para darse una idea del tamaño del problema que debe resolver el gobierno para recuperar la capacidad productiva en el sector hidrocarburos, en 1998, cuando se alcanzó el pico más alto de la etapa exploratoria que permitió ampliar la producción (y despertar el apetito nacionalizador), se invirtieron más de 600 millones de dólares y se perforaron 65 pozos. Hoy, con ese dinero que herirá de muerte al desarrollo social del país, se pretende recuperar más de diez años perdidos en los que se dilapidaron decenas de millones de dólares que pudieron servir para la reactivación; sin embargo, llegamos a la ínfima cantidad de 6 perforaciones por año, lo que nos pone en una grave situación frente a los compradores de nuestro gas.
Las autoridades saben el desafío que tienen al frente y es por eso que el año pasado anunciaron una inversión superior a los 16 mil millones de dólares en hidrocarburos hasta 2025. Se supone que una novedad de esa envergadura viene acompañada del adecuado respaldo financiero, por lo que no se sabe qué pueden aportar 200 millones a semejante cifra.
La sospecha que tienen los críticos de esta propuesta es que ese dinero restado al IDH simplemente servirá para seguir parchando el problema, es decir, para continuar “sobornando” a algunas petroleras oportunistas que han ingresado en el juego de las compensaciones, un mecanismo que, lejos de atacar la raíz de nuestras dificultades, está bastardeando la industria, enrareciendo el panorama y ahuyentando aún más a las empresas que se han estado negando a venir a Bolivia durante la última década por la inseguridad jurídica y por todo este contexto de inestabilidad, aspectos inadmisibles en una industria de esta naturaleza.
El tema de fondo no es plata y si fuera así, el Gobierno tiene de sobra de dónde sacar mucho más que esos 200 millones de dólares. La dificultad estriba en la inoperancia, la falta de previsión y de visión para reconocer el fracaso de la política hidrocarburífera que empezó en el 2006 y poner en marcha un plan de recuperación que implique el cambio de reglas de juego que permita atraer inversiones reales y sostenidas. Mientras no se produzca este sinceramiento, los paliativos no harán más que postergar la grave crisis que se avecina.
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