Qué más puede ocurrir en el lugar donde se incauta media tonelada de droga, en el mismo sitio donde se han encontrado cientos de fábricas de cocaína que gozan de la protección de sindicatos agrarios que mezclan política con crimen organizado.
La actuación de sicarios como el que fue grabado en el Parque Urbano hace unos días se vuelve una escena frecuente en ciudades tomadas por el narcotráfico. La violencia se convierte en parte de la vida cotidiana, porque no se trata solo de seguridad ciudadana, de guardias en motocicleta y pequeños puestos de control en los barrios. Lo que vemos en las calles no es más que un síntoma inequívoco de que el problema del narcotráfico está cobrando dimensiones que el Gobierno se niega a aceptar, actitud que se vuelve cada día más sospechosa.
Es verdad que estamos muy lejos de llegar al nivel de México, pero lamentablemente estamos por el mismo camino. Hace 20 años, nadie sospechaba que los cárteles mexicanos iban a suplantar a los grupos organizados de Colombia, país donde la producción de droga, las plantaciones de coca y las actividades delictivas han disminuido drásticamente, al punto de que Bolivia le está disputando el primer lugar en producción y exportación de cocaína.
En México, se creía que la guerra contra las drogas se había perdido, pero gracias a la superación de los errores cometidos por la administración de Felipe Calderón, su sucesor Enrique Peña Nieto está demostrando que sí es posible reducir la violencia y el trasiego de droga hacia Estados Unidos, como sucedió en Colombia y como debe ocurrir en Bolivia, si es que se produce la voluntad política que está haciendo mucha falta.
La actuación de criminales peligrosos como los colombianos recientemente descubiertos en San Germán luego de enfrentarse a tiros con la Policía ha sido causa de una advertencia por parte de la ONU, organismo que ha observado sobre el peligro de que el narcotráfico genere un nivel de violencia grave, en la medida que Bolivia siga incrementando la producción para abastecer el mercado brasileño.
Y una prueba palpable de este fenómeno no solo tiene que ver con el aumento de las muertes violentas a manos de peligrosos asesinos, sino con la actuación de grandes organizaciones criminales como el Primer Comando Capital, cuyos integrantes fueron recientemente aprehendidos en Santa Cruz, después de que llevaban más de dos años operando en el territorio.
La presencia de estos cárteles en el país es sinónimo de tráfico de armas y municiones, la promoción de bandas de sicarios y secuestradores y por supuesto, el peligro de florecimiento de organizaciones como Sendero Luminoso o las FARC, como ocurrió en Perú y en Colombia. Todo esto forma parte de la advertencia que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia (UNODC) y de las denuncias que han hechos muchos sectores en el sentido de que ya existen grandes extensiones de territorio, como en la reserva del Choré, convertidas en verdaderas zonas de exclusión de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
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