Con la incitación a la violencia que hizo el ministro de Gobierno hace unos días, no cabe duda que la inseguridad ciudadana puede haberse convertido en un factor político muy conveniente a los intereses del Estado Plurinacional. No es la primera vez que autoridades de primer nivel ponen de relieve la discrecionalidad con la que puede actuar el aparato represivo estatal, un mensaje dirigido a los criminales, pero que puede aludir también a cualquier componente indeseable o incómodo para el “proceso de cambio”.
Lo del ministro ha sido una clara invocación al miedo, un elemento clave en un régimen autoritario, cuyo aparato de persecución ha quedado totalmente desmantelado con la desarticulación de la red de abogados extorsionados que trabajaban a órdenes de tres ministerios y con derrumbe del “Caso Terrorismo”, que fue usado durante cuatro años para amedrentar a la región más opositora del Gobierno.
Por su parte, el Tribunal Constitucional le ha cortado las alas represivas al Estado Plurinacional al declarar inconstitucionales varias herramientas que el régimen venía usando para atropellar los derechos de sus adversarios políticos. Tal es el caso de la figura del desacato y los artículos de la Ley Marco de Autonomías que eran usados para derrocar a las autoridades legalmente elegidas pero que no comulgaban con el oficialismo. El más reciente dictamen referido al respecto de la jurisdicción judicial que ha sido reiteradamente violada en los últimos años, violentando el debido proceso, se convertirá en otro obstáculo para los fines totalitarios del régimen, que había convertido a la ciudad de La Paz en una suerte de campo de concentración.
La inseguridad ha sido usada por muchas dictaduras como factor de amedrentamiento psicológico de la población, pero también como posibilidad real de represión indirecta. De esa manera y como “las calles se han vuelto muy violentas”, desaparecen periodistas, sufren atentados los sindicalistas y algunos parlamentarios son víctimas de asaltos. Eso ha estado ocurriendo con mucha frecuencia en Venezuela y es moneda corriente en Cuba.
La inseguridad se vuelve funcional para la política, pero también para la Policía, pues los uniformados, dedicados casi exclusivamente a la represión política y a atender el clima social, convierten el temor en un medio de lucro ya que crecen los aportes para la institución pese a la ausencia de resultados. Además, como los policías son dueños de casi todas las empresas privadas de seguridad, el miedo de la gente, alentado favorablemente por los medios televisivos, incrementa la inversión de la ciudadanía en guardias y tecnología de vigilancia.
La inseguridad que arrecia en Santa Cruz está relacionada directamente con el narcotráfico y eso refuerza el peligro de que se la pueda usar políticamente, pues cada vez son más evidentes las señales que vinculan al régimen en estos asuntos. Por eso es que de la combinación entre política, drogas y criminalidad puede resultar un coctel muy peligroso.
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