El accionar gubernamental está centrado en la estrategia del “palo y la zanahoria” que insiste en la división de los pueblos que habitan el parque con el fin de obtener un gesto de aprobación del proyecto. Por un lado, continúa la política de dádivas en algunas comunidades, sobre todo en aquellas que son afines al oficialismo pero cuya pertenencia al área protegida está en duda. Al mismo tiempo, persiste el acoso hacia los genuinos dirigentes indígenas, víctimas de persecución, de calumnias y a quienes se les coarta incluso el derecho transitar libremente en su propio territorio, reconocido ampliamente en la Constitución Política del Estado.
En medio de esta agitación que amenaza con el reflorecimiento del conflicto, la Iglesia Católica ha publicado el informe final de la auditoría que realizó al proceso de consulta que llevó adelante el Gobierno el año pasado. Los resultados confirman toda una serie de maniobras y trampas que pusieron en marcha los operadores del régimen y que le quitan toda la legitimidad que buscaban para el mencionado proyecto carretero. Los investigadores comprobaron que no se consultó al total de las comunidades, que se usaron prebendas para sobornar a los indígenas, que incluso obligaron a niños a firmar documentos importantes, que apelaron a ciertos grupos externos al Tipnis para sumar respuestas favorables y que en resumidas cuentas, solo seis de las 69 comunidades del Tipnis han manifestado su aprobación a la construcción de la ruta.
La respuesta del oficialismo ha sido la amenaza con expulsar a las instituciones de la Iglesia que trabajan desde hace décadas en el Parque Isiboro Sécure y que en muchos casos constituyen la única opción para la educación y la atención sanitaria de esos habitantes. El Gobierno también ha iniciado una campaña intimidatoria contra las autoridades eclesiales del Beni, a quienes se las calumnia con acusaciones fuera de lugar.
Por otro lado, se mantiene la burla en relación al proceso judicial que supuestamente debe conducir al esclarecimiento de la salvaje represión a los indígenas del Tipnis en la localidad de Chaparina, ocurrida el 25 de septiembre de 2011. No solo se eluden las evidencias y se evita tocar a los verdaderos responsables del hecho, sino que se apela a un gesto de chacota como el que protagonizó el vicepresidente García Linera, quien ha afirmado que ni él, el presidente Morales o el ministro de Gobierno sabían de aquel operativo. La afirmación se contradice con su primera versión y echa más sombras sobre el manejo de la justicia boliviana.
Este caldo de cultivo que parecer estar cocinándose a fuego lento durante amenaza con derivar en la organización de una nueva marcha indígena que podría ser lapidaria para el Gobierno, cuando se prepara para un año electoral muy intenso. La gran pregunta sigue siendo ¿qué fuerza tan grande impulsa al Gobierno a continuar hurgando el avispero en el Tipnis pese a todas las derrotas que ha sufrido en relación a este tema?
No hay comentarios:
Publicar un comentario