viernes, 10 de junio de 2011

Godzilla en las alcaldías de Bolivia

Pese a que el MAS está demostrando cada vez con mayor elocuencia que sus filas están repletas de forajidos, sus líderes todavía se esfuerzan por hacerle creer a la gente que están efectuando una titánica labor de limpieza de las viejas estructuras republicanas. Aún tratan de vender una imagen de honestidad, de “reserva moral”  y de entrega al bien común, valores que no han hecho aparición en este “proceso de cambio”.

La lucha contra la corrupción que ejerce una ministra, cuya integridad ha sido cuestionada y de la que nadie en el Gobierno quiere hablar, transita por los senderos del surrealismo más sórdido y grotesco. Se trata del disfraz más perverso que ha adoptado la persecución política de este régimen, que es capaz de tolerar abiertamente a contrabandistas y narcotraficantes y al mismo tiempo arremete de manera implacable contra autoridades elegidas por el voto popular, porque no son afines a su proyecto hegemónico.

La fuerza destructiva más dañina que ha estado ejecutando el aparato masista se ha estrellado contra el sistema municipal del país. En el último año y gracias a una ley inconstitucional, ha derrocado a más de veinte alcaldes opositores que fueron elegidos el 4 de abril de 2010, entre ellos a los de Sucre y Potosí. En cada caso se ha producido una grosera manipulación de las normas y procedimientos jurídicos, similares a los que en este momento tratan de aplicar también contra otra disidente, la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel. Gracias a esas maniobras que le permiten al oficialismo el control de la justicia, un alcalde comprometido con el narcotráfico, pero que es masista, no sólo goza de libertad, sino que actualmente ejerce el cargo sin ningún tipo de restricciones.

Era obvio que los municipios del departamento de Santa Cruz debían ser los más atacados por la aplanadora oficialista. Buena Vista, La Guardia, Cotoca, Warnes, son algunas de las alcaldías que han caído en las garras del absolutismo. Sus titulares han tenido que sufrir detenciones ilegales y la administración de aquellas comunidades sufre hoy inestabilidad política, paralización de obras y niveles de corrupción nunca vistos.

Hace unos días el país reaccionó con estupor ante la detención a punta de pistola del siete veces alcalde de La Guardia, Jorge Morales Encinas, cuya gestión ha sido calificada como ejemplar durante la última década, gracias a sus obras y su administración transparente. Al tiempo de ser liberado, el servidor público no agachó la cabeza y afirmó que el único interés que motiva al Gobierno a controlar todo el sistema municipal es el poder y la plata. Lo dice porque es precisamente lo que ha sucedido con todos los municipios que han pasado al control del MAS, sumidos en contubernios, ingobernabilidad, zancadillas políticas entre los mismos compañeros del partido y víctimas de la peor angurria que fomenta la corrupción y los malos manejos. Mientras tanto, el desarrollo municipal, tal vez el logro más importante de estos casi 30 años de democracia, sufre un grave retroceso que el oficialismo no será capaz de subsanar, porque a éste no le interesa la gestión.

El proceso que conduce el MAS es desesperanzador para los vecinos de todos los municipios, porque se trata simplemente de destruir. El oficialismo se jacta de que son distintos a los partidos tradicionales, pero ya quisiera el “proceso de cambio” parir cuando menos un solo Chichino Morales.

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