miércoles, 1 de junio de 2011

Justicia impresentable


Qué clase de gente es la que seleccionará el MAS para postularla a los diferentes cargos del Órgano Judicial y que someterá al escrutinio el 16 de octubre. A lo mejor los sujetos que tiene en mente son tan impresentables que no quieren ni mostrarlos a través de los medios de comunicación. Y no estamos hablando, por supuesto, de belleza ni de colores, sino de decencia, un valor muy escaso dentro del oficialismo, que tiene como estrellas del senado a unos especímenes que dan vergüenza ajena, porque es obvio que han perdido todo el sentido del decoro y la moderación, virtudes que para un juez o un magistrado deben ser imprescindibles.

Qué tal un candidato al Tribunal Constitucional que confiese que es partidario de la tortura o el postulante a juez que hable flores de la coca ilegal o que diga, como aquel ministro, que está bien tolerar el contrabando en Bolivia porque esa es la forma de supervivencia de las comunidades rurales. El MAS va a respetar a rajatablas en la Justicia el cuoteo de los cargos  que mantiene con las organizaciones sociales y no tardarán en aparecer las incondicionales expresiones de fidelidad hacia el presidente Morales con señales de aprobación –con puño levantado y todo-, hacia el paradigma que ya tiene su marca registrada: “yo le meto y que legalicen los abogados”.

Ningún candidato a juez va a querer meter la pata y afirmar que introducir autos “chutos” al país es contrabando o tirarse en contra de los ayllus que matan policías para proteger sus actividades delictivas. No habrá uno solo que defienda la vigencia de la Ley 1.008 y peor aún, que se estrelle con los proveedores de la principal materia prima de la cocaína. Todos van a decir que está bien la forma cómo maneja las leyes el “proceso de cambio”, esas normas que han eliminado el precepto de la presunción de inocencia y que obligan al acusado a demostrarla y no al revés, como indican los más elementales principios jurídicos. Ninguno cuestionará los métodos aplicados por el fiscal Marcelo Soza en el “caso terrorismo” y con seguridad van a respaldar la violación del precepto de jurisdicción y de otros procedimientos que han facilitado la persecución política en el país.

Por eso es que el régimen se empeña en que nadie los vea, nadie les pregunte y nadie los cuestione. No sólo temen que los periodistas hagan quedar de burros a los candidatos, sino que detrás de cada palabra que pronuncien dejen un regadero de sandeces como las que pronuncia ese senador del MAS, que fue precisamente el que propuso que para ser juez no era necesario haber estudiado abogacía ni saber nada de leyes.

El régimen gobernante quiere llegar al extremo de exigir que los periodistas manden sus cuestionarios previamente para que algún censor del Tribunal Supremo Electoral efectúe los tachones correspondientes.

Esta ridiculez, además de constituir un retroceso a los tiempos del cepo y los grilletes, refleja el temor de que, a través de una simple entrevista o un perfil se desnuden todas las barbaridades que son capaces de propalar los acostumbrados personajes que este Gobierno ha llevado a la palestra pública en los últimos cinco años.

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