jueves, 30 de junio de 2011

Mucha ‘revolución’ y poca producción


El concepto de “comunidad” existe en Bolivia y sirve para muchas cosas menos para producir. Los comunarios suelen unirse para bloquear un camino, para linchar a un supuesto ladrón o para acatar las órdenes del sindicato sobre temas fundamentales, como suscribir “alianzas” con contrabandistas, por ejemplo. Por eso es que el presidente Morales está molesto con muchas comunidades fronterizas del país, las que, según denunció, han dejado de producir papa, oca, quinua o maíz y se están dedicando a los negocios turbios. Pero lo hacen de manera independiente, cada uno con su capital, sus clientes y sus “operarios”, los que suelen ser los hijos, los cuñados y los hermanos, pero no más.

Las comunidades, ni en el Altiplano, ni en los valles y menos en las tierras bajas, jamás han encarado sistemas de producción colectivos. A veces se alquilan el arado, se prestan los bueyes, pero nunca compran semillas y otros insumos en conjunto, tampoco acopian en un mismo silo y a la hora de vender, cada uno se las arregla con los rescatadores y los más osados se atreven a incursionar en las ciudades, donde suelen toparse con verdaderos pulpos del comercio. En el mercado más grande de La Paz, una sola mujer controla hasta el último cajón de tomate y por las manos de otra dama, tan mafiosa como la anterior, pasan todas las papas que los paceños llevan a sus platos. Y así sucesivamente.

El Gobierno está tratando de reinventar el concepto de “economía comunitaria” a través de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, pese a que la había abandonado, porque no funciona. Los agricultores, pequeños y grandes, suelen sembrar o dejar de sembrar según sus conveniencias personales y obviamente, sus intereses siempre están en función del mercado. El régimen de Evo Morales está convencido que esta norma evitará la escasez de alimentos, no solo porque promueve fuertes subsidios a la “producción comunitaria”, sino porque establece el seguro agropecuario en un país en el que reina la informalidad y donde la mayor parte de los productores no usan tecnologías ni prácticas culturales avanzadas que alienten a las empresas aseguradoras a incursionar en este sector.

La ley de “revolución productiva” prácticamente ignora a los medianos y grandes productores (los que realmente aseguran el abastecimiento), salvo cuando tiene que recurrir a las mismas prohibiciones, controles y restricciones, desincentivos que en los últimos años han derrumbado la producción de comida en el país, al punto de acabar con la soberanía alimentaria. El Estado boliviano se ha convertido en un fuerte importador de varios cultivos que hasta no hace mucho tiempo se producían en cantidades suficientes para abastecer el mercado interno y exportar los excedentes.

Esta ley no hace más que consolidar la presencia de la agricultura de subsistencia en vastas regiones del país, reforzar el intervencionismo y estatal en el sector agropecuario e insistir en recetas socialistoides que no han hecho más que crear una burocracia parasitaria, distorsionar el mercado, desalentar la producción, provocar escasez y poner en peligro el abastecimiento alimentario en el país. La “gran novedad” de esta “revolucionaria” ley es la incorporación de los productos transgénicos, lo que además de ser un contrasentido respecto de los discursos “pachamamísticos” del Gobierno no representan mayor impacto en la economía, si no van acompañados de políticas agropecuarias más realistas con la urgencia que representa la amenaza de una hambruna en el país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada