jueves, 16 de junio de 2011

Todos los hombres del Presidente

Eusebio Gironda, el quinto de la derecha, en la presentación
 de su libro que glorifica la imagen de Evo Morales. Fue su asesor
personal y ahora pretende ser magistrado del Tribunal Constitucional.
Ni siquiera los más conspicuos militantes que rodean a Evo Morales pudieron disimular las burlas hacia Eusebio Gironda, cuando éste presentó hace algunos meses su libro titulado “Jiliri Irpiri” (El Gran Conductor), un coctel literario de lo más empalagoso dedicado a glorificar la personalidad del presidente boliviano. Esa credencial, además de haber sido asesor personal del “jefazo”, son los únicos méritos recientes que puede esgrimir este personaje para postularse a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia del que debiera ser el primer poder del Estado Plurinacional de Bolivia.

Así como Eusebio Gironda, abundan los nombres de personas allegadas al Gobierno en la lista de los 581 postulantes que buscan ser incluidos en las ternas para las elecciones judiciales del 16 de octubre. Pese a que el número de pretendientes es insignificante, el vicepresidente García Linera, el gran impulsor de esta iniciativa, se negó rotundamente a extender el plazo de recepción de solicitudes. Todos los hombres y mujeres que necesita el régimen para adueñarse de la justicia ya están en carrera y es muy posible que dentro de algunos meses, los veamos con el mallete en mano, imponiendo el “derecho” en Bolivia. ¿Cuál derecho? Pues el que diga Evo Morales, Juan Ramón Quintana, García Linera o Isaac Ávalos.

Una ex diputada del MAS que fue designada, a dedo, fiscal del distrito de Santa Cruz; el hermano de un viceministro que articula la política de persecución a los opositores en el país; un asesor del presidente del Senado que contribuyó a la legalización de los autos “chutos”; una fiscal que armó un mamarracho jurídico para derrocar a la alcaldesa de Oruro; la hermana de un viceministro de Salud; dos ex constituyentes del MAS; varios ex fiscales y fiscales en ejercicio que juraron con el puño izquierdo levantado y que además de postularse, seguirán en sus funciones, es decir, operando para el régimen. La lista es extensa e incluye a varios asesores del oficialismo y, por supuesto, al presidente de la Corte del Distrito de La Paz, uno de los principales responsables de haber convertido a la sede de Gobierno en una suerte de campo de concentración del oficialismo. También hay ex vocales electorales, todos de una fidelidad comprobada hacia el “proceso de cambio”.

Será una comisión de la Asamblea Legislativa (“sindicato” para el presidente Morales), la encargada de decidir quiénes van o no para las elecciones de octubre. Habrá una etapa para que la oposición presente sus impugnaciones y de producirse alguna señal de equilibrio, sería la primera vez en estos cinco años que el oficialismo atiende las observaciones de la disidencia. Nadie apostaría a que se produzca algún tipo de consenso, pues las elecciones judiciales han sido diseñadas, sin un mínimo de disimulo, para conseguir el dominio absoluto de hasta el más humilde despacho encargado de administrar justicia este país. El plan es perfecto, pues prohíbe a los medios de comunicación hablar de los rocambolescos antecedentes de Gironda y preguntarles al resto de los candidatos oficialistas sobre su militancia y otros asuntos que puedan resultarle “incómodos”. Además, según lo ha anticipado el fiscal general del Estado, impulsar el voto en blanco o nulo puede ser motivo de cárcel. Tiene razón la gente cuando piensa que todo esto es una verdadera patraña. Recientemente lo expresó en una encuesta, según la cual, el 73 por ciento opina que no hay nada limpio en el proceso de elección de jueces y magistrados. Veremos cómo lo demuestra el día de la votación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario