martes, 21 de junio de 2011

Incoherencias de un Estado fallido


Justo cuando el Estado Plurinacional de Bolivia implora ante el mundo civilizado valores supremos como la solidaridad y la justicia para intentar hacer de la reivindicación marítima una causa internacional, lanza una ley que promueve la ilegalidad y que genera incomodidad entre los países vecinos, por las implicancias de esta medida con graves crímenes como el robo de autos y el narcotráfico.

Justo cuando el Gobierno de Bolivia trata de hacer quedar a Chile como un país abusivo e indolente frente al clamor del pueblo que reclama un derecho ancestral, una cuadrilla de militares bolivianos ingresa en territorio ajeno, en posesión de armas y a bordo de dos vehículos de dudosa procedencia.

Justo cuando el Gobierno nacional decreta la carnavalesca amnistía para los autos “chutos”, que impone un régimen de libertinaje para el ingreso y la circulación de vehículos dentro del territorio y que no discrimina si éstos son robados, son cacharros, si contaminan o generan inseguridad, lanza una norma que busca poner en regla a los transportistas, uno de los gremios más chúcaros del país, que precisamente acaba de doblarle al brazo el presidente Morales, quien se vio obligado a pedir disculpas (otra vez), invocando el trillado y hueco eslogan “gobernar obedeciendo al pueblo”.

Los chilenos decidieron soltar a los militares bolivianos sin mayores trámites y pese a que no se aclaró del todo por qué habían cruzado la frontera en dos automotores que tenían placas chilenas. El Gobierno de Sebastián Piñera se conformó con una disculpa a regañadientes lanzada por el vicepresidente García Linera, de la misma forma que en la reciente asamblea de la OEA, la delegación transandina por poco le pide perdón al canciller David Choquehuanca por la humillación que le propinó ante la comunidad interamericana. “La vida es dura”, comentó el ministro chileno Alfredo Moreno luego de dejar mal parado a su colega.

Los transportistas no sólo aceptaron suspender el paro indefinido que habían decretado para este lunes, sino que accedieron a posar en una de las escalinatas del Palacio Quemado junto al presidente Morales, procedimiento que se ha vuelto común últimamente para apuntalar la farsa de que el Gobierno escucha al pueblo. Se trata de la más reciente versión mediática que ha encontrado el régimen para dar una idea de que aún existe Estado en Bolivia y de que todavía es capaz de mantener el control sobre el territorio: las poses.

Quién iba a pensar hace cinco años que el Gobierno con el mayor apoyo popular de la historia democrática de Bolivia, el de mayor legitimidad y prestigio internacional, se convertiría en el perpetrador del más grande retroceso en la demanda marítima boliviana y que precisamente, la administración gubernamental que estaba llamada a consolidar el Estado Nacional, pasaría a ser el autor del más lamentable proceso de descomposición social e institucional, que va camino a convertir al país en un Estado dominado por la ilegalidad, la delincuencia y el narcotráfico.

Durante 186 años Bolivia ha arrastrado graves problemas de ingobernabilidad, precisamente por la acentuada fragmentación social y la ausencia de una visión de Estado que sea capaz de cohesionar a la población y orientarla hacia un destino común. En las circunstancias actuales, esa no es solo una utopía imposible de llevar a cabo, sino una premisa que va a contrapelo del paradigma imperante que pone a Bolivia en la categoría de un Estado fallido.

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