La actitud asumida por un grupo disidente del MAS, denominado también “Libre pensantes” ha estado copando la agenda política del país y muchos consideran que existe al interior del oficialismo, una amenaza de fractura o cuando menos, la posibilidad de que se produzca una modificación al rumbo que ha adoptado el llamado “Proceso de Cambio”, cuyos principales exponentes son hoy cuestionados, sobre todo cuando se trata de su manera de actuar.
Las críticas de los disidentes están dirigidas hacia el entorno del presidente Morales, a quien no se cuestiona en lo más mínimo. Los dardos son apuntados hacia el vicepresidente García Linera, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y otras autoridades a quienes se las acusa de haber secuestrado el proceso político, cuyas directrices –según afirman-, deberían ser reencausadas, buscando la verdadera revolución socialista y nacionalista que postuló el MAS en
su plataforma que lo llevó al poder en el año 2005.
Existe el riesgo de que este grupo de “críticos”, que hasta ahora no han hecho planteamientos de fondo, no sea más que una estrategia creada por el mismo Gobierno, para generar en la población la idea de que en Bolivia sigue existiendo el debate democrático que lamentablemente ha sido reducido a la mínima expresión, luego de que el régimen copara toda las instancias del poder y destruyera los mecanismos de control y de ejercicio del pluralismo en el país.
Entre los libre pensantes no se ha producido un verdadero cuestionamiento a los puntos débiles de este Gobierno y que pasan principalmente por haber fallado en la promoción social y la inclusión que tanto ha estado predicando en estos siete años. Además del ascenso socio-económico de algunos grupos como los cocaleros y de ciertos movimientos sociales leales al esquema gubernamental, existen muy escasas probabilidades de que en Bolivia se produzca una verdadera revolución en cuanto a la lucha contra la pobreza y la reivindicación de los derechos de las mayorías postergadas, sobre todo de los campesinos e indígenas que siguen sin acceso a los servicios, sin educación, sin salud y sufriendo condiciones de vida y de trabajo lamentables.
No hay entre los disidentes un diagnóstico adecuado de las fallas que ha cometido el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, en el tremendo problema que existe con el narcotráfico, en el increíble despilfarro de recursos que impiden al Estado volcarse con todo su esfuerzo hacia la salud y la educación, dos sectores claves para ejercer una revolución genuina y sostenible en el país.
Pareciera que a los disidentes no les molesta lo que pretende hacer el Gobierno con los indígenas de las tierras bajas, con los parques nacionales y tampoco cuestionan la manera cómo funcionan las instituciones, especialmente el Congreso y la Justicia, que han caído en una desacreditación aún mayor que la existente antes de la llegada del MAS al poder.
Ninguno ha cuestionado la persecución judicial que se ejerce contra los opositores y los continuos ataques al sistema democrático que se han producido estos años, que han derivado en una concentración nunca antes vista del poder. No se observa el afán destructivo del sistema institucional, no se mira a la falsedad del proceso autonómico que propone el Gobierno y tampoco se mira a la raíz de casi todos estos males, que es el centralismo que cada día se agudiza.
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