Más del viejo modelo

Cuando el Gobierno levanta polvareda sobre algún tema, urge mirar justo para el lado opuesto, porque se puede ver con claridad qué es lo que trata de esconder. Y precisamente cuando vuelve a desatar una nueva polémica sobre el TIPNIS y las supuestas viejas intenciones de indígenas y opositores de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) lanza un comunicado en el que se observa el avance de las actividades petroleras en, al menos 22 áreas protegidas y parques nacionales del país.

El informe se ha conocido luego de que el vicepresidente García Linera expresara en un reciente encuentro internacional que el Gobierno boliviano está dispuesto a abrirle las puertas de todos los parques a las empresas transnacionales para buscar petróleo y gas, actitud que según lo confirman algunos expertos, no es nada más que un acto desesperado por evitar una hecatombe energética en Bolivia, donde la producción de los campos antiguos ha comenzado a declinar y urgentemente se requieren nuevos pozos para no fallar los contratos de exportación a Argentina y Brasil, posibilidad que sería catastrófico para la economía nacional.

Las pretensiones de expansión de las actividades hidrocarburíferas en los parques superan ampliamente la “voracidad” de los gobiernos neoliberales tantas veces denunciada por este régimen, declarado protector de la madre tierra, ecologista y salvador de los pueblos indígenas que habitan los parques. Según el CEDIB, mientras que la mayor ambición del pasado llegó a proponer que se exploren 13 millones de hectáreas de parques, el Estado Plurinacional ha fijado como meta comprometer más de 24 millones de hectáreas, es decir el 25 por ciento del territorio nacional, algo que puede ser lapidario para un país que alberga una de las diez mayores riquezas naturales del planeta.

En ese sentido, el CEDIB ha hecho una evaluación de lo que ocurrirá con los 22 parques citados cuando se consolide el ingreso de las empresas petroleras. La afectación alcanzará hasta el 90 por ciento de las reservas en algunos casos, lo que llevaría a la desaparición de la flora y fauna natural en por lo menos cinco parques, entre ellos la famosa reserva del Madidi en el norte de La Paz.

La sorpresa es mayor todavía, cuando se menciona que el Gobierno ha ido más allá de los anuncios y arengas y ya tiene un camino recorrido en la negociación con los pueblos indígenas para que otorguen el consentimiento. Obviamente, la posibilidad de la consulta previa fijada constitucionalmente como requisito básico no ha sido mencionada ni remotamente.

Más allá de que este proyecto implica un riesgo de daño severo al medio ambiente, con consecuencias duras para el cambio climático y todas sus secuelas en el tema productivo agropecuario, también desnuda que el cambio de modelo productivo no figura en los planes del Gobierno que dice llamarse revolucionario. Esta noticia confirma que Bolivia seguirá insistiendo con el esquema extractivista, depredador, monoproductor y rentista, que a su vez, tiende a eternizar la fragilidad de nuestra economía y por supuesto a mantener los abismos sociales y los tremendos índices de pobreza históricos.