El embudo impositivo

Países como Suecia, Alemania, Suiza  e Italia, no tienen recursos naturales en abundancia como los tiene Bolivia, cuyos ingresos dependen en más del 80 por ciento de las ventas del gas y los minerales. En aquellas naciones, casi el 100 por ciento de lo que le ingresa al Estado proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos sin excepción, que se benefician luego de la mejor educación, atención sanitaria y seguridad social del mundo.

En Bolivia, menos del 20 por ciento de la población paga impuestos y los pocos contribuyentes que hay, son objeto de un hostigamiento nunca antes visto en la historia boliviana. En todo el país se multiplican los letreros con las inmensas letras rojas que dice “CLAUSURADO”, mientras que casi el 80 por ciento restante, goza de lo más semejante a un paraíso fiscal, llamado en este caso “Informalidad”.

Mientras que en las naciones citadas arriba, los que más ganan pagan más impuestos, en Bolivia, un comerciante se da el lujo de decir públicamente que gasta 500 mil dólares en su participación en la fiesta del Gran Poder y aún así y por “cuestiones sociales”, recibe el beneficio del fisco de ser incluido en el “Régimen Simplificado”, pensado para microempresas cuyo capital no sobrepasa de los 37 mil bolivianos.

Recientemente, el Gobierno hizo intentos por hacer cambios en esta estafa pública que protege la evasión, proponiendo que el tope máximo del Régimen Simplificado suba a 110 mil bolivianos, lo que permitiría incorporar cientos de miles de comerciantes de los mercados y ferias al universo contribuyente. Las organizaciones de gremiales, entre los que figuran los vendedores de ropa usada, cuya actividad está prohibida desde hace años, organizaron varias movilizaciones e hicieron desistir de sus intenciones al régimen que se prepara para enfrentar un periodo electoral bastante agitado.

Esto quiere decir que los pocos que cometen el “pecado” de pagar impuestos y realizar todas sus contribuciones al Estado y la sociedad, seguirán sintiendo todo el peso de un régimen angurriento por recursos y cuyo despilfarro lo obliga a echar mano de todo lo que venga, especialmente de aquellos que no tienen la llamada “capacidad de calle”, como los gremiales, que organizan marchas multitudinarias para seguir gozando de sus privilegios.

La informalidad es un problema grave en América Latina que abarca el 56 por ciento de las economías. El Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado a este fenómeno como uno de los responsables del bajo crecimiento de los países de la región, especialmente de aquellos que sobrepasan el promedio como Paraguay, Perú y Bolivia, donde el número de informales supera en más del 20 por ciento a la media continental.

La informalidad tiene graves consecuencias en las economías, pues impiden a las empresas ser más competitivas, frenan las exportaciones e impiden a los trabajadores gozar de mejores condiciones que les permitan trazar horizontes de futuro para ellos y sus trabajadores.

Las empresas informales no tienen acceso al crédito, se desenvuelven en la incertidumbre jurídica y los obreros de las factorías al margen de las leyes, no reciben salarios dignos y tampoco beneficios de seguridad, lo que se traduce en altos niveles de pobreza y marginalidad.