¿Eliminar el Estado?

Ahora que hay consenso de legalizar lo ilegal, como es
el caso de los autos chutos, vale la pena pensarlo...

Ahora que defender el delito se ha vuelto un tema libre de tapujos y que existe el consenso de que “hay que meterle nomás, aunque sea ilegal”, el Gobierno del MAS debería proponer formalmente y sin disimulo, la desaparición del Estado boliviano para que Bolivia se vuelva simplemente un territorio donde se puedan ejercer libremente las actividades que hoy están reservadas a unos grupos autorizados para contrabandear, producir coca sin limitaciones y violar la ley con la anuencia de las autoridades.

Esta propuesta que parece descabellada en realidad no lo es, pues responde a las políticas que ha estado implementando el MAS en los últimos años. Y aunque lo haya hecho de manera selectiva, para beneficiar a ciertos sectores afines, los resultados han sido fenomenales, como lo atestigua la creciente burguesía que florece en El Alto, en el Chapare, en varias regiones de Cochabamba, en Yapacaní y en muchos otros lugares donde los que ayer eran pobres campesinos y comerciantes, hoy son ostentosos empresarios dueños de llamativos edificios que han impuesto una moda arquitectónica. ¿Por qué no extender ese tipo de fomento a todo el país?

Vemos cómo, mientras el Gobierno –autor del paradigma que relativiza la ilegalidad y subordina la ley a lo político y lo social-, se opone tenazmente a la nacionalización de los autos chutos, decenas de alcaldes de provincias apoyan a los dirigentes de los “chuteros”, siguiendo los pasos de los mallkus y dirigentes campesinos que protegen abiertamente el narcotráfico, que apoyan el contrabando en el altiplano y que promueven los linchamientos, tal como lo hizo el exdirigente de Achacachi que hoy es nada menos que el presidente del Senado. Lo que ocurre hoy con los automóviles ya sucedió en Yapacaní con el fallido intento de construir un cuartel antidrogas que frene el avance de los cárteles internacionales de la droga.

Y por si fuera poco, los candidatos de la oposición, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, también han manifestado su apoyo a la regularización de la situación de los autos indocumentados, que según ellos representan un gran acto de hipocresía gubernamental, que por un lado dice proteger la ley y por el otro lado hace la vista gorda con irregularidades muy gruesas. En el tema de los “chutos” este comportamiento es por demás de evidente, pues se persigue solo a quienes circulan fuera del Chapare, una región que se ha vuelto una inmensa “zona franca” libre de cualquier vestigio de Estado y donde los resultados de esta suerte de liberalismo criollo son muy notorios.

Hasta aquí la reflexión parece ser un acto de ironía muy burdo, pero no es así cuando se escucha el planteo que hace de manera muy seria y formal el prestigioso economista y expresidente del Banco Central, Armando Méndez, quien  dice que el Gobierno debe eliminar inmediatamente la Aduana, pues ha demostrado una total ineficiencia en su trabajo, pues no fue capaz de impedir el ingreso de más de 70 mil automóviles sin papeles, como ocurre con muchos otros productos que ingresan sin problemas y violando todas las normas. Para él, se deben eliminar los aranceles, declarar la importación libre, que todo el mundo pueda ingresar de todo y para todos, pues en la actualidad el contrabando es una actividad permitida sólo para un grupo.