Hace unos días, en el acto de celebración del Día Nacional de la Soya, el vicepresidente García Linera comparó a los productores bolivianos con los paraguayos y se preguntó “qué tienen aquellos que no tengamos nosotros”, refiriéndose a los altos rendimientos, al número de hectáreas sembradas y otros factores que han convertido a la nación guaraní en una gran potencia soyera a nivel mundial.
Paraguay empezó mucho después que Bolivia a sembrar soya, pero hoy tiene 3,2 millones hectáreas con este cultivo, tres veces más que nuestro país que desde hace una década bordea el millón de hectáreas, a veces sobrepasando esta cifra y en ocasiones con algunas caídas, como ha sucedido en épocas de sequía especialmente.
Los paraguayos también sufren sequía y padecen los embates del cambio climático y en lugar de preguntarse qué tienen ellos, habría que ver qué no tienen.
Los paraguayos no tienen avasallamientos de tierras y si los hay, son hechos aislados, promovidos por grupos que no tienen altos contactos con el gobierno, el mismo que no incentiva actos ilegales y tampoco los tolera por cuestiones políticas.
Los productores de Paraguay no sufren el hostigamiento gubernamental que enfrentan los agricultores bolivianos; no son tratados como delincuentes, evasores y gente de mala índole. No son obligados a cumplir con ridículas regulaciones y a ellos tampoco se les prohíbe exportar.
Los soyeros paraguayos tienen altos rendimientos por hectárea, casi el doble de los bolivianos y no es porque sean mejores o más trabajadores, sino porque utilizan semillas transgénicas, como lo hacen todos los países vecinos que han asumido esta tecnología convencidos de que todo lo se habló en el pasado sobre los transgénicos fue mera fantasía de ciertos dogmáticos y fanáticos que todavía tienen mucha influencia en algunos gobiernos, entre ellos el de Bolivia.
Minutos antes de que hable García Linera lo hicieron los soyeros bolivianos y le plantearon los mismos argumentos que se expresan líneas arriba, pero fue como hablarle a una pared, como ha venido sucediendo cada vez que los empresarios de todos los sectores le han reclamado seguridad jurídica al régimen nacional.
Es tan confusa la actitud del gobierno, que un día habla de seguridad alimentaria y al otro día prácticamente le pone freno a la producción. En ocasiones defiende el estatismo como modelo dominante y hoy el ministro de Economía, Luis Arce, dice que la inversión privada es una vergüenza porque es un cinco por ciento menor que la pública.
El tema es que la declaración de Arce obedece a la desesperación que ha comenzado a cundir en el gobierno por la caída del precio del petróleo que ya causó remezones en las exportaciones y en los ingresos públicos. Si tan preocupados están deberían enviar los mensajes correctos y llevar adelante las políticas de incentivo a las inversiones que han estado reclamando no solo los empresarios nacionales, sino también gobiernos, compañías y organismos internacionales que hace años le pusieron un tachón al país.
El problema es que todo lo que hace el régimen es poco creíble. El lunes, mientras los empresarios digerían las palabras del vicepresidente y del ministro Arce, el gobierno aprobó un decreto que le entrega 20 millones de dólares más a la empresa nacionalizada Enatex, cuyo manejo ha sido calamitoso.
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