martes, 10 de marzo de 2015

Todo un país bajo sospecha

Nuestro país ya no tiene ningún argumento creíble para negar lo que están afirmando algunas redes informativas internacionales y famosos expertos en materia de seguridad. “Bolivia es un narcoestado”, aseguran esas voces y conviene que la ciudadanía tome en cuenta esas advertencias ya que las instancias políticas siguen insistiendo en “no ver el elefante en medio de la habitación”.

El arresto de un segundo general de la Policía vinculado al narcotráfico en menos de cuatro años puede ser sencillamente la punta de un gigantesco iceberg que deja claro que las bandas del narcotráfico han penetrado las instituciones del Estado y han llegado hasta lo más alto del poder. Y no estamos hablando de mafias de poca monta ya que se trata del funcionamiento en el país de un peligroso cártel mexicano cuya presencia en el territorio ha sido negada hasta el cansancio por las autoridades que han tenido a su cargo la guerra contra las drogas.
Habría que ver qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, puesto que es la única institución que queda por mencionar en este cuadro de implicaciones que deja muy mal paradas a autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, hasta ahora habíamos hablado de una conducta permisiva, de cierta parsimonia para encarar el problema y de una complicidad que incluso fue mencionada en Brasil por una importante figura política. Pero hay señales que indican que el narcotráfico goza de las ventajas de tener todo un aparato institucional a su servicio, con ramificaciones en todo el territorio nacional y poder para aprovechar todo el potencial, como ocurre con el fenómeno de la droga peruana que usa a Bolivia como plataforma de exportaciones gracias a las grandes “ventajas comparativas”.
Está demostrada y admitida la presencia de grandes cárteles internacionales de la droga en el país y eso no sería posible sin la conexión y la articulación con el resto de la región y en esto, Argentina parece ser el principal socio de esta “mexicanización” de América del Sur, que hasta el papa Francisco ha mencionado con profunda preocupación respecto de su país de origen.
Obviamente no se podría hablar de un narcoestado sin involucrar al territorio y a la población. Está probado que las redes de la mafia han  corrompido gran parte del tejido social del país, con comunidades, movimientos sociales, organizaciones y líderes de todos los niveles que protegen las actividades ilícitas, les brindan cobijo en sus reductos y repelen con fuerza las intervenciones policiales.
No se puede dejar de mencionar que el narcotráfico forma parte crucial en nuestra economía y tal como ha sucedido con México y Colombia, este crimen ha conseguido diversificarse por medio de actividades conexas, ya sea ilícitas como la intermediación financiera paralela o el secuestro y por medio del lavado de dinero, usando a industrias formales como pantalla.
Estamos en un nivel de complicación muy grande en la que naturalmente corre peligro no solo la vigencia de la democracia, sino la existencia de nuestra nación con un estado soberano, pues como van las cosas, son las mafias las que toman el poder e imponen sus reglas a los ciudadanos y por supuesto, también a los líderes políticos que pasan a ser los subalternos de los cárteles.