Es hora de admitir el error

Todas las canalladas posibles han sido aplicadas contra los marchistas que defienden el Tipnis y el Gobierno solo ha conseguido fortalecerlos y lograr que el pleno del país se solidarice con ellos y con su causa. En este momento, decenas de agrupaciones, instituciones, exfuncionarios del MAS, sindicatos y movimientos sociales de varios departamentos, se organizan para apoyar la medida de protesta ya sea con presencia física o por medio de suministros. Surgen bloqueos en el Chaco, en Pando y en el Beni, que el Gobierno se empeña en reprimir con ferocidad, mientras tolera y promueve a las hordas de Yucumo que impiden el paso de agua y medicinas a los indígenas del oriente boliviano.

Salir del conflicto suele ser más complicado que iniciarlo y las autoridades nacionales buscan cómo ganar por el cansancio para surgir airosos de la posición intransigente y soberbia que han estado asumiendo durante más de un mes. La nueva estrategia es tratar de doblegar a los marchistas con el hostigamiento policial que ha llegado al extremo de impedirles el acceso al agua de un arroyo cercano a la carretera.

El Gobierno envía mensajes que buscan convencer a los marchistas para que levanten su medida. El vicepresidente ha dicho que mientras se realice el proceso de consulta, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos puede suspenderse seis meses o un año si es necesario. Prospera también la propuesta de cambiar el trazado original de la ruta de tal forma de no afectar directamente el parque Isiboro Sécure. Hace falta, sin embargo, que el Gobierno oficialice su postura, emita un mensaje claro al país y ofrezca las garantías de que el Tipnis será respetado. Eso equivale, por supuesto, a admitir una derrota que en los hechos ya se ha dado y que puede ser aún peor, si es que el conflicto se prolonga.

Este conflicto, que pone en tela de juicio las bases ideológicas y doctrinarias del MAS está socavando como ningún otro la imagen del Gobierno. Las encuestas reflejan un nuevo bajón en el índice de popularidad presidencial, similar al que se produjo en el mes de enero, cuando fue lanzado el “gasolinazo”. De esta manera, las elecciones judiciales del 16 de octubre, que no son otra cosa que un plebiscito, podrían convertirse en un fracaso aún más estrepitoso que el calculado. Así como el presidente Morales ha descartado categóricamente en Nueva York que no se reunirá con los marchistas del Tipnis, debería admitir de una vez por todas que se ha equivocado y que revisará el proyecto carretero, que a todas luces, está llamado a beneficiar únicamente a los cocaleros y sobre todo, a la interconexión interoceánica de Brasil y Chile.

Para un régimen autoritario, que se ha pasado el año pidiendo disculpas y reconociendo graves errores, admitir una nueva equivocación es muy grave, pero es claro que el conflicto del Tipnis es capaz de causarle más daño aún. Hay riesgos de enfrentamientos que pueden derivar en muertes; la violación a los derechos humanos está causando la indignación generalizada en el país y lo mismo puede ocurrir a nivel internacional. En este momento, la fuerza represiva gubernamental trata de cercar a los marchistas, pero es probable que sea el Gobierno el que termine aislado (de hecho ya lo está) por un problema que no ha podido resolver por una enfermiza carencia de vocación democrática, por soberbia y porque sus propósitos con la carretera no son nada claros.