La legitimidad perdida

Nadie podrá negar que Evo Morales y su “proceso de cambio” se ganaron en Bolivia una legitimidad que no se había conseguido en el país desde 1952. Entendamos por “legitimidad” como la capacidad del poder para obtener obediencia de la mayor parte de la población y generar un consenso. El aditamento de haber llegado a la presidencia con un histórico 54 por ciento en el 2005, ratificado con el 64 por ciento cuatro años después, le agregaron legalidad a una autoridad basada en una propuesta política destinada a transformar el país desde el punto de vista material, formal y también moral.

Ese inmenso capital político le sirvió al MAS para hacer lo que nadie había podido hacer en más de medio siglo: cambiar el Estado, modificar todas las leyes, controlar la economía, destruir a la oposición, acaparar por las buenas y por las malas el pleno del poder en el país, limitar la libertad de expresión, acaparar la justicia, dominar el sistema electoral y tener de laderos a la Policía y el Ejército para respaldar todas sus acciones.

Toda esa legitimidad vino acompañada de un periodo de bonanza económica nunca vista en la historia de Bolivia. El Gobierno de Evo Morales recibió cinco veces más ingresos que las administraciones anteriores, lo que le hubiera permitido –con una mediocre gestión-, hacer dos o tres veces más de lo que hicieron un Jaime Paz o un Goni Sánchez. Con ese poder, con toda esa autoridad y esos recursos, le hubiera alcanzado para borrar del país cualquier recuerdo de los “gobierno neoliberales”, para evitar lo que muchos hoy están pensando, que al final de cuentas esos “bichos” tan despreciables no lo hicieron tan mal.

Evo Morales tenía dos alternativas. O pasaba a la historia como el estadista que sentaba las bases para la consolidación de un Estado que Bolivia no había conseguido formar desde su nacimiento o se dedicaba a “farrearse” su poder y su legitimidad. Optó por lo segundo y él mismo dio la orden a sus seguidores de instalar la borrachera cuando dijo que en Bolivia las leyes no importan, pues lo que vale es el capital político.

Lamentablemente, como todo capital que no se cuida, termina acabándose tarde o temprano y es obvio que tal como van las cosas, la inmensa acumulación que consiguió el proceso de cambio, se extinguirá de forma prematura.

Haberse quedado en la legitimidad y despreciar con tanta soltura la legalidad le han impedido a Evo Morales consolidar una autoridad cuya base principal debería ser la ética del bien común en paralelo con el Estado de derecho. Ese ha sido el camino de la enajenación de su Gobierno y de sus principios, pues está demostrado que hoy el MAS gobierna para una suerte de Estado paralelo integrado por todos los sectores informales e ilegales del país. Se ha metido en un terreno peligroso, en el que los apetitos de los nuevos “sectores sociales” son insaciables. ¿O es que piensa tal vez que con la ley de amnistía de los autos chutos va a poder parar el contrabando? A los cocaleros no los va a poder frenar jamás, como tampoco podrá con los narcotraficantes, con los “Chapo Guzmán” y compañía, que han venido a Bolivia no para obedecer órdenes de nadie, sino para gobernar este país.

Desde ese punto de vista, Evo Morales -a quien el país ya comienza a escapársele de las manos-, les dejará a sus sucesores una Bolivia más ingobernable, más inviable y más caótica, en el que establecer nuevos consensos y una nueva legitimidad será prácticamente imposible.