Sin embargo, serán los indígenas de tierras bajas los voceros más creíbles para testimoniar ante el mundo sobre la conducta inescrupulosa del régimen de Evo Morales, capaz de movilizar todo el aparato estatal para aplastar sus demandas y desprestigiarlos con el fin de imponer el abuso y la arbitrariedad.
Los marchistas que defienden el parque Isiboro Sécure han estado soportando durante las últimas semanas un acoso mediático y represivo que solo ha sido visto en las peores dictaduras militares. Solo el pacifismo de los dirigentes de los pueblos del oriente boliviano, explica el hecho de que no se haya desatado la violencia, después de tantas provocaciones de los colonizadores y cocaleros que mantienen un bloqueo en la localidad de Yucumo y que permanentemente han estado buscando el enfrentamiento, tal como se produjo en el 2008 en Porvenir.
Hordas alcoholizadas que esperan el banderazo del Estado Plurinacional para invadir el territorio de los indígenas del Tipnis han tendido un cerco alrededor de los marchistas, a quienes les niegan el paso de alimentos, agua y medicinas. Auspiciados por el Gobierno y protegidos por la Policía, secuestran vehículos, amenazan a la gente que consideran sospechosa de ayudar a los marchistas y también agreden a los periodistas que registran el oprobio que se produce en el lugar. El canciller apaña la canallada, asume el papel de vocero de los abusivos y a toda costa trata de hacerlos ver como grandes defensores del interés nacional. “Los vamos a reventar”, es la amenaza que más se escucha entre los bloqueadores que han recibido la garantía policial de que los marchistas no van a avanzar hasta ese sitio.
Los cabecillas del bloqueo de Yucumo, a quienes el canciller defendió con tanto ahínco, han estado obligando a los pobladores de esa localidad a participar en el corte de la ruta. La dictadura sindical impone multas y cortes de servicios básicos a quienes no cooperen. Desde las más altas esferas del Estado, el régimen coopera además con la interrupción de la conexión telefónica, medida que se ha estado aplicando a diferentes zonas rurales del país para impedir que otros sectores se organicen en apoyo a los marchistas de la Cidob.
Pese a todo y mientras más infame es el comportamiento del Gobierno, más apoyo recibe del país y del exterior la reivindicación de los pueblos del oriente boliviano. Numerosos sectores sociales y agrupaciones del país han estado sumándose con distintas iniciativas a la protesta de los originarios que a su vez, se mantienen con la moral alta para insistir que se respeten sus derechos.
Este Gobierno, que forjó su capital político en las carreteras y en las protestas, debería revisar su conducta y evitar la situación degenere en violencia. Está demostrado que “el cambio” está muy lejos de llegar a los sectores más vulnerables del país y mientras no haya respuestas visibles, respeto a la ley y a las reglas de juego de la democracia, la protesta callejera seguirá siendo el único método de interpelar al Estado. No verlo así y actuar como en dictadura, es el peor camino que la administración gubernamental puede tomar.
Los marchistas que defienden el parque Isiboro Sécure han estado soportando durante las últimas semanas un acoso mediático y represivo que solo ha sido visto en las peores dictaduras militares. Solo el pacifismo de los dirigentes de los pueblos del oriente boliviano, explica el hecho de que no se haya desatado la violencia, después de tantas provocaciones de los colonizadores y cocaleros que mantienen un bloqueo en la localidad de Yucumo y que permanentemente han estado buscando el enfrentamiento, tal como se produjo en el 2008 en Porvenir.
Hordas alcoholizadas que esperan el banderazo del Estado Plurinacional para invadir el territorio de los indígenas del Tipnis han tendido un cerco alrededor de los marchistas, a quienes les niegan el paso de alimentos, agua y medicinas. Auspiciados por el Gobierno y protegidos por la Policía, secuestran vehículos, amenazan a la gente que consideran sospechosa de ayudar a los marchistas y también agreden a los periodistas que registran el oprobio que se produce en el lugar. El canciller apaña la canallada, asume el papel de vocero de los abusivos y a toda costa trata de hacerlos ver como grandes defensores del interés nacional. “Los vamos a reventar”, es la amenaza que más se escucha entre los bloqueadores que han recibido la garantía policial de que los marchistas no van a avanzar hasta ese sitio.
Los cabecillas del bloqueo de Yucumo, a quienes el canciller defendió con tanto ahínco, han estado obligando a los pobladores de esa localidad a participar en el corte de la ruta. La dictadura sindical impone multas y cortes de servicios básicos a quienes no cooperen. Desde las más altas esferas del Estado, el régimen coopera además con la interrupción de la conexión telefónica, medida que se ha estado aplicando a diferentes zonas rurales del país para impedir que otros sectores se organicen en apoyo a los marchistas de la Cidob.
Pese a todo y mientras más infame es el comportamiento del Gobierno, más apoyo recibe del país y del exterior la reivindicación de los pueblos del oriente boliviano. Numerosos sectores sociales y agrupaciones del país han estado sumándose con distintas iniciativas a la protesta de los originarios que a su vez, se mantienen con la moral alta para insistir que se respeten sus derechos.
Este Gobierno, que forjó su capital político en las carreteras y en las protestas, debería revisar su conducta y evitar la situación degenere en violencia. Está demostrado que “el cambio” está muy lejos de llegar a los sectores más vulnerables del país y mientras no haya respuestas visibles, respeto a la ley y a las reglas de juego de la democracia, la protesta callejera seguirá siendo el único método de interpelar al Estado. No verlo así y actuar como en dictadura, es el peor camino que la administración gubernamental puede tomar.
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